DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve; año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

Secretaria                                                                                     Secretario

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República,

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve, años 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Leonel Fernández

 

Ley No. 114-99 que modifica los Artículos 49, 51, 52, 106, 109, 153 y 161 de la Ley No. 241 del 1967, sobre Tránsito de Vehículos.

 

(G. O. No. 10031, del 16 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

 

Ley No. 114-99

 

 

                        CONSIDERANDO: que se ha incrementado en forma preocupante el índice de accidentes de vehículos de motor que provocan muertes, sufrimientos y graves daños.

 

                        CONSIDERANDO: Que en un porcentaje elevado de estos accidentes se ven involucrados vehículos pesados o autobuses de transporte público de mayor capacidad, que, por sus características, en casos de accidentes, tienen mayores posibilidades de provocar efectos mortales y devastadores perjuicios, razón por la cual sus conductores tienen mayor responsabilidad que los conductores de otro tipo de vehículos;

 

                        CONSIDERANDO: Que el recurso de la libertad provisional bajo fianza en esta materia viene empleándose de forma indebida, lo que, junto a la lentitud de los procesos penales, favorece la impunidad de los responsables de los accidentes graves;

 

                        CONSIDERANDO: Que un fortalecimiento del régimen represivo contra las faltas inintencionales que provocan accidentes de vehículos de motor puede contribuir a contener o reducir la ocurrencia de lamentables accidentes;

 

                        CONSIDERANDO: Que, de manera general, es preciso elevar en forma efectiva los estándares de seguridad de los vehículos de motor que circulan en la vía pública, tanto en interés de los propios conductores como de la ciudadanía en general:

 

                        CONSIDERANDO: Que el Artículo 49 de la Ley 241 emplea inadecuadamente la expresión “golpes o heridas causadas involuntariamente con el manejo de un vehículo de motor”, cuando en el rigor jurídico debe usarse “golpes o heridas causadas inintencionalmente con el manejo de un vehículo de motor”.

 

                        VISTA la Ley 241, del 28 de diciembre de 1967, sobre Tránsito de Vehículos.

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

                        Artículo 1.- Se modifica el Artículo 49 de la Ley 241 del 28 de diciembre de 1967, de Tránsito de Vehículos, para que en lo adelante se exprese de la siguiente manera:

 

Artículo 49.- Golpes o heridas causadas inintencionalmente con el manejo de un vehículo de motor.

 

“El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamentos causare inintencionalmente, con el manejo o conducción de un vehículo de motor, un accidente que ocasionare golpes o heridas, se castigará con las penas siguientes:

 

“a) De seis (6) días a seis (6) meses de prisión y multa de cien pesos (RD$100.00) a seiscientos pesos (RD$600.00), si del accidente resultare al lesionado una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a su trabajo por un tiempo no mayor de diez (10) días.

 

“b) De tres (3) meses a un (1) año de prisión y multa de trescientos pesos (RD$300.00) a mil pesos (RD$1,000.00), si el lesionado resulta enfermo o imposibilitado de dedicarse a su trabajo por diez (10) días o más, pero por menos de veinte (20) días.

 

“c) De seis (6) meses a dos (2) años de prisión y multa de quinientos pesos (RD$500.00) a dos mil pesos (RD$2,000.00), si la enfermedad o imposibilidad para su trabajo dura veinte (20) días o más.  El juez, además, ordenará la suspensión de la licencia por un período no mayor de seis (6) meses.

 

d) De nueve (9) meses a tres (3) años de prisión y multa de setecientos pesos (RD$700.00) a tres mil pesos (RD$3,000.00), si los golpes o heridas ocasionaren a la víctima una lesión permanente.  El juez, además, ordenará la suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años.

 

“1.- Si el accidente ocasionare la muerte a una o más personas, la prisión de dos (2) años a cinco (5) años, y la multa de dos mil pesos (RD$2,000.00) a ocho mil pesos (RD$8,000.00).  El juez ordenará, además, suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de dos (2) años o la cancelación permanente de la misma; todo sin perjuicio de la aplicación de los Artículos 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, y 304 del Código Penal, cuando fuere de lugar.

 

“2.- Se impondrá el máximo de las penas previstas en el presente artículo cuando los golpes, heridas o muertes fueren ocasionados por conductores de vehículos pesados de la segunda categoría, conforme son definidos en la presente ley y concurran las circunstancias agravantes contempladas en el numeral 3 literal a), b), c), d) y e).

 

“3.- El representante del Ministerio Público ordenará la prisión preventiva de los presuntos responsables del accidente, siempre que ocurra una o más de las circunstancias siguientes:

 

a) Que los vehículos no estén amparados con la correspondiente póliza de seguro obligatorio;

 

b) Que los conductores presumiblemente responsables no se hayan provisto nunca de la licencia de conducir o que poseyéndola no esté vigente.

 

c) Que se encuentren bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes, debidamente comprobado por certificación médico-legal expedida;

 

d) Que abandonen injustificadamente a sus víctimas;

 

e) Exceso de velocidad o manejo temerario, falta de luces o aparcamento indebido por parte del conductor del vehículo pesado.

 

“4.- Si el inculpado en un accidente en el que hubieren perdido la vida una o más personas, resultare ser conductor de un vehículo pesado de segunda categoría, la solicitud de libertad provisional bajo fianza deberá elevarse al tribunal competente, quien la podrá otorgar o negar, siempre que exista una cualquiera de las circunstancias antes descritas, que permitan al Ministerio Público ordenar la prisión preventiva.

 

“5.- En caso de reincidencia, el tribunal podrá disponer, además, la incautación temporal del vehículo pesado de segunda categoría con el cual se provocare el accidente, por un período no menor de diez (10) días ni mayor de treinta (30) días.

 

“La Policía Nacional y la Procuraduría General de la República implementarán los mecanismos de lugar para el registro de las personas sometidas y/o condenadas por la violación al presente párrafo, a fin de ofrecer las informaciones registradas a las personas interesadas.

 

“6.- Los golpes, heridas o muertes causados por accidentes provocados por conductores que desarrollen competencias de velocidad o manejo temerario en las vías públicas, en cualquier tipo de vehículo de motor, se les aplicará el mismo tratamiento y sanciones consignadas en los párrafos 2, 3, 4 y 5.

 

“7.- Solamente cuando los golpes o heridas curen antes de veinte (20) días, salvo que no ocurra una o más de las circunstancias señaladas anteriormente, será facultativo para el representante del Ministerio Público ordenar la prisión preventiva de los presuntos responsables del accidente.

 

“8.- En todos los casos en que el representante del Ministerio Público ordene la prisión preventiva, deberá incautarse la licencia para manejar vehículos de motor que posea el autor del accidente, la cual quedará ipso-facto suspendida en su vigencia hasta tanto la sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada.

 

El representante del Ministerio Público deberá informar inmediatamente al Director de Incautaciones de Licencias, a fin de que no se puedan extender duplicados de las mismas durante el tiempo de dichas suspensiones.

 

“9.- La falta imputable a la víctima del accidente no eximirá de responsabilidad penal al autor del mismo, siempre que a éste le sea imputable alguna falta.

 

                        Artículo 2.- Se modifican los Artículos 51 y 52 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, para que en lo adelante digan de la siguiente manera:

 

                        Artículo 51.- Competencia para el conocimiento de las infracciones:

 

Todas las infracciones previstas en las leyes sobre tránsito de vehículos de motor, sin importar la naturaleza, serán de la competencia, en primer grado, de los juzgados de paz especiales de tránsito y dichas causas se juzgarán y fallarán conforme el procedimiento que se sigue en materia correccional.  En los municipios donde no existan juzgados de paz especiales de tránsito, serán competentes los juzgados de paz ordinarios correspondientes.

 

En aquellos casos en que el Juzgado de Primera Instancia esté apoderado y haya intervenido demanda en daños y perjuicios, continuará conociéndolo hasta que intervenga sentencia sobre el fondo.

 

Transitorio.- El Artículo 51 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos entrará en vigencia a partir de los 180 días después de promulgada la presente ley.

 

                        Artículo 52.- Circunstancias Atenuantes.

 

Las circunstancias atenuantes del Artículo 463 del Código Penal podrán ser aplicadas por los tribunales en los casos previstos por los Artículos 49 y 50 de la presente ley, excepto cuando el autor del accidente ha manejado el vehículo de motor sin haberse provisto nunca de licencia o, cuando al cometer el hecho, abandone injustificadamente a la víctima o cuando se encuentre bajo el efecto de cualquier sustancia alucinógena, o en estado de embriaguez debidamente comprobados por un certificado médico, por la prueba del alcoholímetro o por declaraciones de dos más testigos hechas constar en el acta policial levantada al efecto.

 

Asimismo, dichas circunstancias atenuantes no serán aplicables cuando el vehículo de motor no esté amparado con la correspondiente póliza de seguro obligatorio.  Tampoco se acogerán circunstancias atenuantes cuando el accidente haya sido provocado por un vehículo pesado de segunda categoría dentro de cualquiera de las circunstancias previstas en los párrafos 4, 5, y 6 del Artículo 49”.

 

                        Artículo 3.- Se agrega un párrafo al Artículo 106 de la Ley No. 241, sobre Tránsito de Vehículos, para que en lo adelante diga de la siguiente manera:

 

                        Artículo 106.- Número de pasajeros en el asiento delantero.

 

Ninguna persona conducirá un vehículo de motor por las vías públicas con más de dos (2) personas sentadas a su lado en el asiento delantero.

 

Se prohibe la conducción de vehículos de motor llevando niños menores de ocho (8) años en el asiento delantero, salvo en los casos que se trate de vehículos tipo camioneta de una (1) cabina”

 

                        Artículo 4.- Se modifica el Artículo 109 de la Ley No. 241, sobre Tránsito de Vehículos, para que en lo adelante se exprese así:

 

                        Artículo 109.- Sanciones.

 

“a) Toda persona que violare lo dispuesto en los Artículos 105 y 106 será castigada con multa no menor de cien pesos (RD$100.00) ni mayor de quinientos pesos (RD$500.00).

 

“b) Toda persona que violare lo dispuesto en el Artículo 107 será castigada con multa no menor de quinientos pesos (RD$500.00) ni mayor de mil pesos (RD$1,000.00).

 

“c) Toda persona que violare lo dispuesto en el Artículo 108 será castigada con multa no menor de mil pesos (RD$1,000.00) ni mayor de dos mil pesos (RD$2,000.00)”.

 

                        Artículo 5.- Se modifica el Artículo 153 de la Ley sobre Tránsito de Vehículos, No.241, para que en lo adelante se exprese de la siguiente manera:

 

                        Artículo 153.- Mecanismos de Dirección.

 

Todo vehículo de motor deberá tener su mecanismo de dirección en perfecto estado de funcionamiento, que permita al conductor maniobrar con facilidad, rapidez y seguridad.

 

Todo vehículo de motor que circule en el país deberá tener el guía a la izquierda, visto desde dentro del vehículo.  Los propietarios de vehículos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, circulen con el sistema de guía a la derecha tendrán un plazo de seis (6) meses para adaptarlo a lo indicado en esta ley, exceptuando a los vehículos usados por el Sistema Postal Dominicano.  Transcurrido este plazo, los vehículos que circulen en esta situación serán incautados por la Policía de Tránsito y sólo les serán devueltos a los propietarios para ser llevados al taller donde serán adaptados”.

 

                        Artículo 6.- Se modifica el Artículo 161 de la Ley sobre Tránsito de Vehículos, No.241, para que diga de la siguiente manera:

 

                        Artículo 161.- Parachoques o defensas y cinturones de seguridad.

 

Todo vehículo de motor  que transite por las vías públicas deberá estar provisto de un parachoques delantero y uno trasero de material resistente, los cuales no podrán exceder al ancho del vehículo.

 

Todo camión deberá llevar una barra o lámina autochoque, en su parte trasera a una altura de 18-24” del suelo.  Se le dará un plazo de un (1) año a los vehículos para que cumplan con dicha ley, luego de su promulgación.

 

Igualmente, todo vehículo de motor que transite por las vías públicas deberá estar provisto de tantos cinturones de seguridad como capacidad de pasajeros tenga en los asientos delanteros, cuyo uso será obligatorio, con excepción de los autobuses, así como los carros de transporte público urbano.  La violación de este artículo será castigada con una multa no menor de cien pesos (RD$100.00) ni mayor de quinientos pesos (RD$500.00).

 

Los propietarios de vehículos que, a la entrada en vigencia de la presente ley no dispongan de los cinturones de seguridad delanteros tendrán un plazo de un (1) año para instalar los mismos.

 

                        Párrafo.- La Dirección General de Tránsito Terrestre dispondrá, en todo el territorio nacional, la realización de programas educativos y de divulgación sobre las disposiciones contenidas en la presente ley”.

 

                        Artículo 7.- La presente Ley deroga y sustituye cualquier disposición que le sea contraria.

 

                        DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de abril del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 136 de la Restauración.

 

 

 

Rafael Francisco Vásquez Paulino,

Vicepresidente en funciones

 

 

Tony Pérez Hernández,                                                                      Radhamés Castro,

   Secretario Ad-Hoc                                                                                Secretario

 

 

                        DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia  y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

               Secretaria                                                                                Secretario

 

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

 

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

 

Leonel Fernández

 

Ley No. 115-99 que eleva la sección de Cana Chapetón, perteneciente a la provincia de Montecristi, a la categoría de Distrito Municipal, y las comunidades de Cerro Gordo, Piloto y La Caída, a la categoría de secciones.

 

(G. O. No. 10031, del 16 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

 

Ley No. 115-99

 

 

                        CONSIDERANDO: Que los moradores de la comunidad de Cana Chapetón, del municipio de Guayubín, provincia Montecristi, han sido agentes del desarrollo sostenido que experimenta esta progresista sección;

 

                        CONSIDERANDO: Que la sección Cana Chapetón tiene los parajes: EL Hospital, Fundo Viejo, Sabaneta, Buenos Aires, Barrio Vanessa y Tabique; además, cuenta con los parajes adyacentes, como Cerro Gordo, Piloto y La Caída, con los cuales mantiene relaciones comerciales y culturales;

 

                        CONSIDERANDO: Que Cana Chapetón se encuentra a 25 kilómetros del municipio cabecera de San Lorenzo de Guayubín, y a 22 kilómetros de Mao, provincia Valverde, ubicada en la margen sur del Río Yaque del Norte y al suroeste de la desembocadura del Río Cana Chapetón con el Yaque del Norte.  La comunidad cuenta con una población de 13,000 habitantes;

 

                        CONSIDERANDO: Que la comunidad de Cana Chapetón crece a un ritmo acelerado desde el punto de vista económico, y logra situarse como la mayor productora de tabaco, con 160,000 quintales al año, y tiene las principales infraestructuras, como son las calles, la carretera que conduce a Valverde, un aeropuerto que sirve para las fumigaciones agrícolas, así como destacamento de la Policía y de las Fuerzas Armadas, liceo secundario, clínicas rurales, escuelas primarias, cementerios, carnicerías, servicios de agua potable, electricidad, canchas de baloncesto, voleibol, play de béisbol y softball, un parque de recreo, ferreterías, almacenes de provisiones, supermercados, fábricas de queso, fábrica de dulces, tiendas de repuestos, talleres automotrices, parque de diversión, centros de comunicación y farmacias;

 

                        CONSIDERANDO: Que esta comunidad, en el orden social, tiene organizado ocho clubes culturales, biblioteca, un cine, dos clubes gallísticos, cinco discotecas, dos restaurantes, asociaciones agropecuarias y clubes deportivos;

 

                        VISTA la Ley No.5220, del 21 de noviembre del 1959, y sus modificaciones, sobre División Territorial de la República Dominicana.

 

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

 

                        Artículo 1.- La sección de Cana Chapetón, perteneciente a la provincia de Montecristi, queda elevada a la categoría de Distrito Municipal con el nombre de Distrito Municipal de Cana Chapetón.

 

                        Artículo 2.- Las comunidades Cerro Gordo, Piloto y la Caída quedan elevadas a secciones en el nuevo distrito municipal.

 

                        Artículo 3.- La sección de Cerro Gordo estará integrada por los parajes: La Peña, La Yaguita, La Reforma y Río Viejo.

 

                        Artículo 4.- La sección Piloto estará integrada por los parajes Sabana Larga y Cercadillos.

 

                        Artículo 5.- La sección La Caída estará compuesta por los parajes Gurabo Adentro y Barrio Nuevo.

 

                        Artículo 6.- Los parajes: EL Hospital, Fundo Viejo, Sabaneta, Buenos Aires, Barrio Vanessa y Tabique pertenecen al Distrito Municipal de Cana Chapetón.

 

                        Artículo 7.- El Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado de Interior y Policía, la Liga Municipal Dominicana, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, adoptarán cuantas medidas de carácter administrativo fueren necesarias para la ejecución de la presente ley.

 

 

                        DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de julio del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 136 de la Restauración.

 

 

Rafael Francisco Vásquez Paulino,

Vicepresidente en funciones

 

 

Fátima del Rosario Pérez Rodolí,                                                                    Radhamés Castro,

            Secretaria                                                                                               Secretario

 

                        DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

               Secretaria                                                                                  Secretario

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

 

Leonel Fernández

 

Ley No. 116-99 que designa con el nombre de profesora Liliam Bayona de Santana, el Liceo Medio de Reforma de la ciudad de La Romana.

 

(G. O. No. 10031, del 16 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

Ley No. 116-99

 

                        CONSIDERANDO: Que la profesora Liliam Bayona de Santana ofrendó más de veinte (20) años de su efímera existencia a la digna actividad de enseñar a los demás en diferentes colegios privados y liceos públicos de la ciudad de La Romana;

 

                        CONSIDERANDO: Que Bayona de Santana es el prototipo de ciudadana ejemplar y fue pilar importante en el desarrollo personal de varias generaciones de romanenses;

 

                        CONSIDERANDO: Que la ilustre educadora Bayona de Santana falleció el día 8 de septiembre de 1990, cuando apenas contaba con 43 años de edad;

 

                        CONSIDERANDO: Que el Liceo Medio de Reforma, de la ciudad de La Romana no tiene un nombre específico para su señalización particular.

 

                        VISTA la Ley No. 2439, del 8 de julio de 1950, modificada por la No.49 del 9 de noviembre de 1966, sobre asignación de nombres a divisiones políticas, edificios, vías, obras, cosas y servicios públicos.

 

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

 

                        Artículo 1.- Se designa con el nombre de profesora Liliam Bayona de Santana el Liceo Medio de Reforma de la ciudad de La Romana.

 

                        Artículo 2.- La Secretaría de Estado de Educación y Cultura queda encargada del fiel cumplimiento de la presente ley.

 

 

                        DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Rafaela Alburquerque,

Presidenta

 

 

Hermes Juan Ortíz Acevedo,                                                  Rafael Angel Franjul Troncoso,

      Secretario Ad-Hoc.                                                                           Secretario

 

 

                        DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia  y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

               Secretaria                                                                                Secretario        

 

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

 

Leonel Fernández

 

Ley No. 117-99 que declara el año 2000, como Año del Desarrollo de la Región Fronteriza.

 

(G. O. No. 10032, del 30 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

Ley No. 117-99

 

                        CONSIDERANDO: Que en la antesala del inicio de un nuevo milenio debe reflexionarse de manera profunda y trascendente sobre la realidad fronteriza, que es un problema nacional;

 

                        CONSIDERANDO: Que la falta de inversión en infraestructura mantiene a la región en los más altos niveles de pobreza, y la inhabilita para participar en la competencia de un mundo de economía globalizada;

 

                        CONSIDERANDO: Que el paso de un milenio a otro es un momento histórico adecuado para dar cumplimiento al mandato constitucional consignado en el Artículo 7 de nuestra Carta Magna que establece: “Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza”;

 

                        CONSIDERANDO: Que la creación de una plataforma de desarrollo sostenido, a todo lo ancho y lo largo de la región fronteriza, es la más sólida muralla de contención del éxodo haitiano hacia nuestro país, del flujo migratorio de dominicanos hacia las grandes ciudades y la garantía ineluctable de la seguridad nacional;

 

                        CONSIDERANDO: Que con la integración de las provincias Bahoruco y Santiago Rodríguez por disposición de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) y organismos internacionales, aumenta a siete (7) las provincias de la región, lo que representa casi la cuarta parte de la división geográfica y territorial del país.

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

                        Artículo 1.- Se declara el año 2000, Año del Desarrollo de la Región Fronteriza.

 

                        Artículo 2.- Se requiere del gobierno central y de las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, priorizar dentro de sus respectivos presupuestos del próximo año 2000, la realización de obras tendentes al desarrollo de la región fronteriza.

 

                        DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Rafaela Alburquerque,

Presidenta

 

 

Germán Castro García,                                                           Rafael Angel Franjul Troncoso,

   Secretario Ad-Hoc.                                                                  Secretario

 

 

                        DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia  y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

               Secretaria                                                                               Secretario

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

 

Leonel Fernández

 

Ley No. 118-99 que crea el Código Forestal.

 

(G. O. No. 10032, del 30 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

 

Ley No. 118-99

 

 

                        CONSIDERANDO: Que los seres humanos constituyen el centro de las estrategias encaminadas a lograr el desarrollo sostenible, a fin de alcanzar una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza;

 

                        CONSIDERANDO: Que entre los acuerdos asumidos en el informe final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se establece el compromiso de los gobiernos de “fortalecer y aumentar la aptitud humana técnica y profesional, así como los conocimientos especializados y la competencia para formular políticas, planes, programas, investigaciones y proyectos de ordenación, conservación y desarrollo sustentable de todos los tipos de bosques y de los recursos derivados de los bosques y de las tierras forestales, así como de otras zonas donde se puedan sacar beneficios de los bosques”;

 

                        CONSIDERANDO: Que es deber esencial del Estado fomentar el desarrollo socio-económico, en armonía con la conservación del ambiente, a fin de elevar la calidad de vida y responder a las necesidades de las mayorías, para atender equitativamente a las necesidades de progreso y calidad del ambiente de las generaciones presentes y futuras;

 

                        CONSIDERANDO: Que la formulación y ejecución de proyectos de reforestación es de interés nacional por la existencia de suelos de aptitud forestal, desprovistos de cobertura boscosa, la necesidad de generar empleos en las áreas rurales marginadas y la prioridad de orientar la inversión a un sector de alta rentabilidad social y con capacidad para redistribuir inversiones e ingresos;

 

                        CONSIDERANDO: Que los bosques son indispensables para el desarrollo económico y el mantenimiento de todas las formas de vida.

 

                        CONSIDERANDO: Que el bosque es un bien primario y un recurso natural que entraña procesos ecológicos complejos, indispensables para sostener, mantener y garantizar el suministro de agua para el consumo humano, el desarrollo agrícola y la producción de energía eléctrica, así como para conservar el patrimonio natural de la Nación, la calidad del aire, los suelos, el equilibrio ecológico y la calidad de vida de los seres humanos.

 

                        CONSIDERANDO: Que es preciso definir, reorientar y modernizar las disposiciones y normas que intervienen en las actividades de: protección, conservación, manejo de bosques, reforestación, producción forestal y transporte de los productos forestales para estimular una mejor coordinación de las acciones de los sectores públicos y privados que garantice la participación activa y abierta de la sociedad civil;

 

 

VISTAS LAS LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES:

 

 

1.-        Ley No.5856, del 2 de abril del año 1962, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales, que sustituye la Ley No.1688, del 16 de abril del año 1948; la Ley No.1746, del 26 de junio del año 1948; la Ley No.1974, del 10 de abril del año 1949; la Ley No.1997, del 14 de mayo de 1949; la Ley No.4495, del 14 de agosto del año 1956 y la Ley No.4755, del 13 de septiembre del año 1957;

 

2.-        Ley No.426, del 1 de octubre del año 1964, que agrega dos párrafos a los Artículos 148 y 160 de la Ley No.5856, del 2 de abril del año 1962, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales;

 

3.-        Ley No.414, del 25 de septiembre del año 1964, que modifica el Artículo 123 de la Ley No.5856, del 2 de abril del año 1962 sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales;

 

4.-        Ley No.206, del 1 de noviembre del año 1967, que adscribe la Dirección General Forestal a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas;

 

5.-        Ley No.211, del 8 de noviembre del año 1967, que ordena el cierre de los aserraderos y establece un impuesto a las maderas importadas;

 

6.-        Ley No.481, del 2 de octubre del año 1969, que agrega un párrafo al Artículo 2 de la Ley No.206, del 1 de noviembre del año 1967;

 

7.-        Ley No.178, del 16 de junio del año 1971, que modifica el Artículo 3 de la Ley No.206, del 1 de noviembre del año 1967;

 

8.-        Ley No.180, del 16 de junio del año 1971, que modifica los Artículos 88 y 89 de la Ley No.5856, del 2 de abril del año 1962, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales;

 

9.-        Ley No.291, del 28 de agosto del año 1985, que ordena el cierre de los aserraderos y modifica las Leyes Nos.211, del año 1967 y 705, del año 1982;

 

10.-      Ley No.705, del 2 de agosto del año 1982, que dispone el cierre de los aserraderos y crea la Comisión Nacional Técnica Forestal;

 

11.-      Ley No.290, del 28 de agosto del año 1985, sobre Incentivo al Desarrollo Forestal;

 

12.-      Ley No.112, del 10 de diciembre del año 1987, que establece el Servicio Forestal Obligatorio;

 

13.-      Ley No.55, del 15 de junio del año 1988, que modifica la Ley No.290, del 28 de agosto del año 1985 sobre Incentivo al Desarrollo Forestal;

 

14.-      Decreto No. 2295, del Congreso Nacional, del 7 de octubre del año 1884, sobre Conservación de Bosques y Selvas;

 

15.-      Decreto No. 81, del 17 de agosto del año 1923, que prohibe la tumba de árboles de un lado a otro del camino;

 

16.-      Decreto No.4257, que prohibe la exportación de madera preciosa manufacturada;

 

17.-      Decreto No.5884, del 27 de junio del año 1949, que encarga a la Secretaría de Estado de Agricultura el estudio de las especies que puedan ser adaptadas para la conservación de suelos y aguas;

 

18.-      Decreto No.6845, del 25 de septiembre del año 1950, que ordena a la Secretaría de Estado de Agricultura la siembra de 16 bosques nacionales;

 

19.-      Decreto No.8086, del año 1962, que crea la Dirección General Forestal en la Secretaría de Estado de Agricultura;

 

20.-      Decreto No.39, del 7 de septiembre del año 1965, que crea una Comisión para el Estudio de la Deforestación;

 

21.-      Decreto No.728, del 8 de diciembre del año 1966, que prohibe la exportación de madera de procedencia nacional;

 

22.-      Decreto No.1509, del 24 de julio del año 1967, que prohibe el uso de la madera como combustible industrial;

 

23.-      Decreto No.1044, del 8 de marzo del año 1967, que modifica la parte capital del Artículo 1 del Decreto No.728, del 8 de diciembre del año 1966;

 

24.-      Decreto No.1998, que crea las comisiones municipales encargadas de proteger la foresta;

 

25.-      Decreto No. 3777, del 9 de junio del año 1969, que dispone que ningún permiso para corte de madera, podrá ser autorizado por la Dirección General Forestal, sino en escasos excepcionales y con la previa aprobación del Poder Ejecutivo;

 

26.-      Decreto No. 583, del 22 de enero del año 1979, que crea e integra la Comisión Maderera;

 

27.-      Decreto No. 597, del 24 de enero del año 1979, que da poderes a la Comisión Maderera para otorgar permisos de importación de madera;

 

28.-      Decreto No.318, del 6 de octubre del año 1982, que crea la Comisión Nacional Técnica Forestal;

 

29.-      Decreto No.3408, del 23 de julio del año 1982, que ordena el cierre de los aserraderos públicos y privados;

 

30.-      Decreto No.752, del 11 de marzo del año 1983, que modifica los Artículos 1 y 2 del Decreto No.318 del 6 de octubre del año 1982;

 

31.-      Decreto No.290, de fecha 3 de junio del año 1987, que integra la Comisión Técnica Forestal;

 

32.-      Decreto No.226, del 5 de julio del año 1990, que prohibe la descarga de desperdicios y desechos químicos en las corrientes de los ríos y sus afluentes;

 

33.-      Reglamento No.1044, del año 1934, que organiza el Cuerpo de Guardabosques y Servicio Forestal;

 

34.-      Reglamento No.323, del año 1939, que regula el corte de árboles de madera y la repoblación de 20 X 1;

 

35.-      Reglamento No.1506, del 10 de febrero de 1942, sobre la extracción de cáscara de mangle;

 

36.-      Reglamento No.22, del año 1986, para la aplicación de la Ley No.290 sobre Incentivo al Desarrollo Forestal;

 

37.-      Reglamento No.658, del año 1986, para el funcionamiento orgánico de la Comisión Nacional Técnica Forestal;

 

38.-      Ley No. 104, del 15 de marzo del año 1967, que declara de interés nacional y patriótico la campaña de reforestación permanente;

 

39.-      Ley No.627, del 28 de mayo del año 1977, que declara de interés nacional el uso, protección y adquisición por parte del Estado de las tierras cordilleranas;

 

40.-      Ley No.632, del 28 de mayo del año 1977, que prohibe el corte de árboles en las cabeceras de los ríos y arroyos;

 

41.-      Ley No. 295, del 28 de agosto del año 1985, que declara de interés nacional la inclusión en los programas de educación nacional la necesidad de preservar los recursos naturales del país;

 

42.-      Decreto No.301, del 11 de octubre del año 1978, que dispone que la Dirección General Forestal y la Dirección Nacional de Parques, deberán en lo adelante coordinar sus actividades de común acuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura, y dicta otras disposiciones;

 

43.-      Decreto No.988, del 2 de julio del año 1979, que prohibe de manera transitoria la exportación de Guayacán.

 

44.-      Decreto No.25, del 10 de enero del año 1987, que establece las áreas carboneras en todo el territorio nacional;

 

45.-      Decreto No.303, del 11 de junio del año 1987, que prohibe totalmente el corte, mutilación o destrucción de los manglares en todo el territorio de la República;

 

46.-      Decreto No.478-89, del 11 de diciembre del año 1989, que prohibe la extracción de madera en el bosque existente en las comunidades de El Papayo, Guayabo y Quita Espuela, municipio de Nagua;

 

47.-      Decreto No.221-90, del 1 de julio del año 1990, que instruye a la Dirección General Forestal a tomar cuantas medidas sean necesarias para la aplicación del Artículo 49 acápite b), c) y d) de la Ley 5856, del 2 de abril del año 1962 y Ley No.632, del 28 de mayo del año 1977 sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales;

 

48.-      Decreto No. 138-97, del 21 de marzo de 1997, mediante el cual se pone en ejecución el Plan Nacional “Quisqueya Verde”, como el inicio de un proceso que impulse la voluntad y las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales para alcanzar el desarrollo sostenible;

 

49.-      Decreto No. 152-98, del 29 de abril del año 1998, que crea e integra la Comisión Coordinadora del Sector “Recursos Naturales y Medio Ambiente”;

 

50.-      Decreto No.216-98, del año 1998, que crea el Instituto Nacional de Protección Ambiental.

 

 

HA DADO LA SIGUENTE LEY:

 

CAPITULO I

 

 

OBJETIVOS Y DEFINICIONES

 

 

 

            Artículo 1.- La presente ley, tiene por objeto:

 

a)                  Establecer un marco legal y una estructura institucional, acordes con las necesidades actuales de conservación y desarrollo de los recursos forestales de la República Dominicana;

 

a)                  Promover y normar la protección y el uso sostenible de los recursos forestales, estableciendo reglas que permitan la necesaria incorporación de la sociedad civil, como pilar fundamental en la gestión para el desarrollo y conservación de éstos;

 

a)                  Asegurar la ordenación, conservación y el desarrollo sostenible de los bosques existentes, tanto en su calidad como en su distribución geográfica, y la recuperación de áreas actualmente desprovistas de vegetación, para garantizar sus funciones ecológicas, sociales y económicas;

 

a)                  Promover la recuperación y desarrollo de los bosques en tierras de aptitud forestal, para que cumplan con la función de conservar suelos, aguas y diversidad biológica, además de dinamizar el desarrollo rural mediante la generación de empleos que contribuyan al aumento de los ingresos, la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la Nación.

 

            Artículo 2.- Para los fines de aplicación de la presente ley se entenderá por:

 

                                    a)        Bosques: Son sistemas ecológicos en los que predominan los árboles o arbustos, que han crecido espontáneamente dando paso a los diferentes procesos y relaciones ecológicas, sirven de refugio a la vida silvestre y producen madera y/o productos forestales;

 

                                    b)        Terrenos de Aptitud Forestal (TAF): Son todos aquellos que por las condiciones ecológicas y/o funciones especiales deban dedicarse al uso forestal;

 

                                    c)        Plantaciones: Son cultivos forestales establecidos con la finalidad de aprovechamiento racional de la madera y otros subproductos o para la protección y/o recuperación de elementos ambientales como vida silvestre, suelo y agua;

 

            d)         Recursos Forestales: Bosques, plantaciones y terrenos forestales;

 

                                    e)        Plan de Manejo Forestal: Es el conjunto de normas técnicas que regulan la planificación, el aprovechamiento, la protección, el control y la reposición de los recursos forestales, con el fin de obtener una producción permanente, de acuerdo con el principio de uso sustentable de los recursos naturales;

 

                                    f)         Aprovechamiento Forestal: Toda acción de corta o utilización de árboles ya sea con fines maderables o para otros subproductos, extraídos de terrenos forestales públicos o privados con fines industriales o comerciales;

 

                                    g)        Sistema Agroforestal: Es la forma de uso de la tierra que implica la combinación organizada en tiempo y espacio de especies forestales, agrícolas y pecuarias en función de lograr la sustentabilidad;

 

                                    h)        Bosques Nacionales: Son todos los terrenos propiedad del Estado, donde existen bosques para su ulterior utilización forestal;

 

                                    i)         Patrimonio Forestal del Estado: Son los bosques y los terrenos de aptitud forestal (TAF) que de conformidad con la legislación vigente son propiedad del Estado;

 

                                    j)         Patrimonio Forestal Privado: Son los bosques y los terrenos de aptitud forestal (TAF), que están bajo la administración particular de acuerdo a la legislación sobre propiedad privada;

 

                                    k)        Terreno de Aptitud Forestal de Propiedad Comunal o Colectiva:  Son los pertenecientes a los municipios, asociaciones comunales, asociaciones de productores, asociaciones campesinas y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro;

 

                                    l)         Zona de Amortiguamiento: Franja de terreno que circunda un área natural protegida, o su zona núcleo, diseñada y establecida para minimizar la presión de una población en aumento y demandante de bienes y servicios como forma de una mayor y efectiva protección.  Dichas zonas quedarán definidas según las normas establecidas por la Dirección Nacional de Parques;

 

                                    m)       Profesional Forestal Calificado: Es un técnico /a graduado de ingeniero forestal, ingeniero agroforestal, ingeniero agrónomo con concentración en recursos forestales, dasónomo o perito forestal;

 

                                    n)        Profesional Forestal Afín: Es todo profesional con estudios universitarios de postgrado de más de un año en ciencias forestales y/o experiencia demostrada en el área por más de cinco años;

 

                                    ñ)        Cuenca Hidrográfica: Superficie terrestre delimitada por divisorias de agua y donde interaccionan factores biofísicos, sociales y económicos;

 

                                    o)        Desarrollo Sostenible: Es aquel desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la habilidad del sistema (económico, social, político y ecológico) de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones;

 

                                    p)        Industria Forestal: Es toda actividad de procesamiento que utilice como materia prima principal, productos y subproductos que tengan su origen directamente en el bosque, para incorporarle valor agregado, mediante su transformación parcial o total;

 

                                    q)        Zona de Vida: Unidad ecológica definida por asociaciones vegetales con patrones climáticos, elevación y latitud específicos;

 

                                    r)         Arboles Dispersos: Son aquellos que se encuentran en sitios públicos o privados y que no forman parte de un bosque o plantación.

 

CAPITULO II

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

            Artículo 3.- Se declara de interés nacional:

 

a)                  Proteger los terrenos de aptitud forestal de las cuencas hidrográficas mediante la conservación, mejoramiento o establecimiento de bosques;

 

a)                  Prevenir y combatir la erosión de los suelos;

 

a)                  Prevenir y combatir los incendios así como las plagas y enfermedades forestales;

 

a)                  Conservar y fomentar aquellas zonas forestales con potencial para el esparcimiento y la recreación;

 

a)                  Priorizar el uso de especies de rápido crecimiento y alta productividad, sean éstas nativas o exóticas, siempre y cuando hayan sido sometidas a estudios previos de adaptación, procedencia, impacto ambiental y productividad;

 

a)                  Promover la investigación dirigida al estudio de la biodiversidad en las áreas de competencia de la presente ley, en coordinación con las instituciones pertinentes;

 

a)                  Realizar el registro de todas las tierras forestales, así como mantener actualizado el inventario forestal;

 

a)                  Incrementar y conservar los recursos forestales, utilizándolos con el máximo beneficio social;

 

a)                  Preparar e implementar programas de educación y capacitación forestal dirigidos a los diferentes sectores del país, con énfasis en los potenciales productores forestales;

 

a)                  Coordinar con la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, la inclusión de la educación ambiental en los programas de educación básica y secundaria;

 

a)                  La limitación y el control del pastoreo para la adecuada conservación y recuperación de la vegetación forestal, tanto en áreas de regeneración natural, como en las superficies plantadas;

 

a)                  Proteger la integridad de las pequeñas muestras representativas de bosques nublados que le quedan a la República Dominicana y promover la restauración natural inducida de las áreas deforestadas, donde éstos existieron en el pasado;

 

a)                  Proteger o restaurar los bosques protectores alrededor de todos los manantiales, cursos de los ríos y fuentes de aguas menores, zonas de altas montañas, laderas escarpadas y cimas de las sierras o cadenas de montañas, así como la creación de un cinturón verde de seguridad alrededor de todos los embalses y presas del país, en una franja no menor de 500 metros, a partir de la cota máxima de inundación.

 

CAPITULO III

 

ADMINISTRACION FORESTAL

 

                        Artículo 4.- Se crea una institución descentralizada del Estado, dotada de personalidad jurídica con el nombre de Instituto Nacional de Recursos Forestales (INAREF), como organismo superior para regular todo lo relativo a los recursos forestales, el cual realizará todas las funciones de la administración forestal del Estado y será responsable de la aplicación de la presente ley y sus reglamentos.

 

                        Párrafo I.- El INAREF tendrá su sede principal en el Distrito Nacional, con oficinas regionales de acuerdo a las divisiones territoriales que se consideren pertinentes.

 

                        Párrafo II.- El INAREF asumirá las funciones y las atribuciones que hasta el momento han desempeñado la Comisión Nacional Técnica Forestal y la Dirección General Forestal.

 

                        Párrafo III.- El INAREF deberá ser miembro de cualquier instancia nacional para la consulta, participación y fijación de políticas ambientales.

 

                        Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objetivo, corresponderá al INAREF el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones:

 

 

                                    a)        Definir, formular y proponer al Poder Ejecutivo la política forestal del país;

 

                                    b)        Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente al desarrollo de los recursos forestales;

 

                                    c)        Administrar el régimen forestal y mantener actualizado el registro público de la propiedad forestal, en coordinación con la Dirección General de Catastro Nacional;

 

                                    d)        Administrar los incentivos creados por esta ley, así como establecer sus montos y los mecanismos de control;

 

                                    e)        Definir y declarar en base a estudios socioeconómicos y técnicos vigentes, los terrenos de aptitud forestal;

 

                                    f)         Conocer, aprobar, evaluar y fiscalizar los planes de manejo forestales en terrenos privados.  Así como formular y ejecutar planes de trabajo relativos a protección, conservación y aprovechamiento de los recursos forestales en terrenos estatales;

 

                                    g)        Autorizar y regular lo concerniente a la instalación y funcionamiento del aserrío y la industrialización de los productos y los subproductos forestales;

 

                                    h)        Prestar asistencia técnica para la formulación y ejecución de planes de trabajo relativos a la protección, conservación, aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales;

 

                                    i)         Procurar el mejoramiento genético de los bosques, para incrementar su productividad y evitar la introducción y propagación de plagas y enfermedades que afecten los recursos forestales;

 

                                    j)         Mantener actualizado el inventario de los terrenos de aptitud forestal y los recursos forestales;

 

                                    k)        Realizar y coordinar actividades de prevención, control y combate de incendios forestales;

 

                                    l)         Coordinar con las instituciones correspondientes en lo relativo al cumplimiento de las normas sobre contaminación de los bosques;

 

                                    m)       Estimular el establecimiento y manejo adecuado y sustentable de los recursos forestales;

 

                                    n)        Fomentar la capacitación de los trabajadores forestales;

 

                                    ñ)        Administrar los bosques nacionales;

 

                                    o)        Establecer un registro de profesionales forestales autorizados para elaborar, asesorar y ejecutar Planes de Manejo Forestal;

 

                                    p)        Procurar la coordinación de las acciones para el control forestal con los municipios, las asociaciones de productores forestales, las organizaciones sin fines de lucro con interés en los recursos naturales, y los representantes de comunidades;

 

                                    q)        Impulsar y ejecutar programas de fomento para la inversión en el desarrollo de los recursos forestales;

 

                                    r)         Regular y fomentar el manejo de los recursos forestales;

 

                                    s)        Elaborar, publicar y actualizar los criterios, normas y estándares para la formulación e implementación de proyectos forestales;

 

                                    t)         Conocer y aprobar los proyectos y programas forestales a implementarse en todo el territorio nacional;

 

                                    u)        El Estado Dominicano fomentará el desarrollo de bosques protectores y de uso múltiple en todos los terrenos de propiedad pública en las zonas cordilleranas y establecerá igual responsabilidad para los casos de terrenos de propiedad privada que se encuentren deforestados o en proceso de degradación, en base a los incentivos que para tales fines establece la presente ley;

 

                                    v)        Promover, en coordinación con los ayuntamientos, el establecimiento y manejo adecuados de la arborización urbana en el territorio nacional;

 

                                    x)        Elaborar y mantener actualizado el Plan de Ordenamiento Forestal.

 

                                    y)        Evaluar el impacto ambiental de las obras que se construyan en terrenos de aptitud forestal;

 

 

Artículo 6.- El INAREF, con carácter prioritario, dispondrá la reforestación de las siguientes áreas:

 

a)                  Las correspondientes a los nacimientos y riberas de toda fuente de agua;

 

a)                  Las de aptitud forestal actualmente desprovistas de bosques o plantaciones;

 

a)                  Las destinadas a satisfacer las necesidades de productos forestales en la Nación.

 

 

Artículo 7.- El INAREF promoverá la propagación de especies de interés nativas y endémicas.

 

Artículo 8.- El INAREF manejará los bosques nacionales.  Los trabajos silvícolas a realizar podrán hacerse por su propia competencia o mediante licitación pública.

 

Artículo 9.- El INAREF estará dirigido y orientado por un Consejo Directivo y un Director Ejecutivo.

 

Artículo 10.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:

 

                                    a)        Conocer todas las medidas pertinentes para el buen funcionamiento del instituto;

 

                                    b)        Establecer la estrategia para la ejecución de la política forestal, previa aprobación del Poder Ejecutivo;

 

                                    c)        Promover la base organizativa y operativa para elaborar el Inventario Forestal Nacional;

 

                                    d)        Establecer y aprobar los mecanismos y normas de coordinación, programación y evaluación para la ejecución de los diferentes programas interinstitucionales, relativos a la conservación y desarrollo de los recursos forestales;

 

                                    e)        Velar por la adecuada operación del INAREF, así como por el cumplimiento de los planes, programas y proyectos desarrollados para la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos forestales;

 

                                    f)         Velar por la correcta aplicación de la ley forestal, el reglamento y los incentivos establecidos por esta ley;

 

                                    g)        Crear comisiones forestales regionales y zonales, para promover la participación regional en la gestión forestal;

 

                                    h)        Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente al desarrollo de los recursos forestales;

 

                                    i)         Administrar el Fondo de Fideicomiso Forestal.

 

 

Artículo 11.- El Consejo Directivo estará integrado por:

 

a)                  El Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, o su representante;

 

a)                  El Secretario Técnico de la Presidencia, o su representante;

 

a)                  El Secretario de Estado de Agricultura, o su representante;

 

a)                  El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos;

 

a)                  El Administrador del Banco Agrícola, o su representante;

 

a)                  El Director del Instituto Agrario Dominicano, o su representante;

 

a)                  El Director Nacional de Parques, o su representante;

 

a)                  Seis representantes de organizaciones no gubernamentales relacionadas con las actividades forestales, de los sectores universitarios, asociaciones ambientalistas, productores forestales y asociaciones de profesionales forestales.

 

Párrafo.- Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo, según los procedimientos de selección establecidos en el reglamento de esta ley.

 

Artículo 12.- El Presidente será elegido mediante una terna presentada al Poder Ejecutivo por el Consejo Directivo.  Esta terna estará compuesta por miembros del Consejo Directivo.

 

Párrafo.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

 

                                    a)        Convocar y dirigir las sesiones regulares y extraordinarias del Consejo Directivo;

 

                                    b)        Velar por el cumplimiento de los acuerdos que el INAREF firme ante instituciones nacionales o internacionales, así como el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Directivo;

 

                                    c)        Firmar las designaciones de los funcionarios del INAREF aprobados por el Consejo Directivo.

 

Artículo 13.- El Director Ejecutivo del INAREF será nombrado por decreto del Poder Ejecutivo.  Deberá ser un profesional calificado o afín.  Su período de gestión será establecido en el reglamento.

 

Artículo 14.- Son atribuciones del Director Ejecutivo:

 

a)                  Ejecutar todas las disposiciones emanadas del Consejo Directivo;

 

a)                  Coordinar las actividades administrativas del INAREF y tomar las medidas que fueren oportunas para el buen desempeño de su cargo;

 

a)                  Recomendar a las instancias superiores del instituto, todo cuanto crea conveniente para lograr con éxito los objetivos que han motivado la creación del instituto;

 

a)                  Someter al Consejo Directivo los nombramientos de los funcionarios del INAREF, mediante concurso público de profesionales calificados interesados;

 

a)                  Proponer al Consejo Directivo la designación del personal operativo del INAREF;

 

a)                  Representar al INAREF ante la comunidad nacional e internacional;

 

a)                  Establecer la base organizativa y operativa para elaborar el Inventario Forestal Nacional;

 

a)                  Suscribir los acuerdos, pactos y contratos correspondientes a la materia forestal aprobados por el Consejo Directivo, así como emitir permisos y autorizaciones, de acuerdo a lo que establece esta ley y sus reglamentos.

 

Párrafo.- El INAREF deberá elaborar y publicar un manual de procedimientos que especifique y describa las funciones, atribuciones y limitaciones de cada uno de sus funcionarios.

 

Artículo 15.- El Director Ejecutivo del INAREF actuará como Secretario del Consejo Directivo, con derecho a voz y sin voto.

 

Artículo 16.- Para el cumplimiento de los deberes y funciones asignados en esta ley, el INAREF contará con la estructura organizativa necesaria para garantizar su operatividad.

 

Artículo 17.- El INAREF elaborará cada diez años la política que regirá el sector forestal, debiendo ser actualizada cada dos años o cuando las circunstancias así lo requieran.

 

Artículo 18.- El INAREF podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para su funcionamiento.

 

Artículo 19.- El INAREF deberá resolver cualquier petición en un plazo máximo de 60 días, a partir de la fecha en la que el solicitante haya cumplido con los requisitos reglamentarios.

 

 

CAPITULO IV

 

PROPIEDAD FORESTAL

 

 

Artículo 20.- Estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, todos los bosques y terrenos de aptitud forestal (TAF) cualquiera que sea su régimen de propiedad.

 

Artículo 21.- Las zonas comprendidas dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas, administradas por la Dirección General de Parques no están ni se incluyen en las disposiciones de esta ley.

 

Artículo 22.- Constituyen parte del patrimonio forestal del Estado, los árboles de especies endémicas, las especies en peligro de extinción y los árboles de valor cultural o histórico.

 

Artículo 23.- Cuando un bosque o un TAF, por sus calificados valores científicos, educacionales, históricos, o recreativos, sea declarado apto para integrar el Sistema Nacional de Areas Protegidas, el mismo quedará regulado por el respectivo instrumento legal.

 

Artículo 24.- El propietario o poseedor de bosques no podrá cambiarle de uso por voluntad propia, debiendo conservarlo y mejorarlo, de acuerdo a las normas técnicas que establece esta ley.

 

Artículo 25.- Los propietarios o poseedores de terrenos forestales privados que carezcan de bosques, deberán procurar su reforestación, para establecer plantación de acuerdo a los lineamientos de esta ley.

 

Artículo 26.- La extracción de materiales, los trabajos mineros, las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos en TAF, se ajustarán a las leyes y reglamentos vigentes y se coordinará con el INAREF.

 

CAPITULO V

 

TERRENOS DE APTITUD FORESTAL

 

Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

 

Artículo 27.- La calificación de los terrenos de aptitud forestal será efectuada por el INAREF, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de esta ley.

 

Artículo 28.- La calificación de terrenos de aptitud forestal, se debe ajustar a los objetivos y previsiones de la política de ordenamiento territorial de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) y los planes de ordenación de las cuencas en coordinación entre el INAREF y las agencias con responsabilidad en la ordenación del uso de la tierra.

 

Párrafo.- El INAREF debe realizar un ordenamiento de la superficie forestal del país, cartografiándola y caracterizándola adecuadamente, donde se establezca con precisión las zonas de bosques protectores, bosques productores y bosques de uso múltiple.

 

Artículo 29.- En caso de que el Estado declare de utilidad pública un terreno de aptitud forestal, en donde se realicen proyectos de reforestación o manejo, deberá cumplir previamente con las normas establecidas referentes a la expropiación forzosa de inmuebles, considerando en todo caso el valor actualizado de las inversiones realizadas para mejorar el recurso forestal.

 

Artículo 30.- Se establece el Registro Público de la Propiedad Forestal (RPPF), en el cual se inscribirán todas las propiedades o posesiones en terrenos de aptitud forestal.

 

Artículo 31.- Los terrenos forestales deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Forestal (RPPF), cualquiera que sea su régimen de propiedad o posesión.

 

Artículo 32.- La inscripción en el RPPF deberá realizarse a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, no importando su régimen de propiedad o posesión.

 

Párrafo.- Los actos de aprovechamiento de los recursos forestales y las transferencias y contratos que puedan efectuarse sobre dichos inmuebles, se registrarán en un plazo máximo de tres meses a contar de la fecha en que fueran realizadas estas operaciones.

 

Artículo 33.- Los dueños de propiedades forestales, no podrán acogerse a los beneficios de la presente ley, hasta tanto, no sean inscritas en el Registro Público de la Propiedad Forestal.

 

Artículo 34.- El cambio de uso de terrenos cubiertos de bosques en áreas de comprobada aptitud agrícola, podrá ser autorizado por el INAREF, previo los estudios correspondientes.

 

CAPITULO VI

 

FONDO FORESTAL

 

Artículo 35.- Se instituye el Fondo Forestal que será de dos tipos:

 

1)                  Fondo Privativo para asegurar que el INAREF reciba y se encargue de todos los ingresos que genere la administración forestal del Estado el cual manejará el INAREF para cumplir con las funciones que le asigna esta ley; y

 

1)                  El Fondo Fideicomiso Forestal como instrumento de financiamiento de las actividades forestales sostenibles que se regirán por lo establecido en esta ley y sus reglamentos, que será utilizado para el fomento y promoción del uso sostenible del recurso forestal y éste será manejado por el Consejo Directivo del INAREF.

 

Párrafo.- El Fondo Forestal estará destinado a financiar programas de desarrollo forestal en lo relativo a:

 

a)                  Conservación y manejo del recurso forestal existente;

 

a)                  Reforestación de áreas de aptitud forestal, así como actividades de producción agroforestales;

 

a)                  Prevención y combate de plagas, enfermedades e incendios forestales;

 

a)                  Fomento de actividades de investigación y capacitación para beneficio de todos los agentes del sector forestal;

 

a)                  Fomento de las actividades de extensión y promoción forestal.

 

Artículo 36.- El Fondo Forestal se constituirá con:

 

                                    a)        Las asignaciones que anualmente se le otorguen en el Presupuesto Nacional;

 

                                    b)        Las sumas producidas por los aprovechamientos de bosques propiedad del Estado;

 

                                    c)        Las multas impuestas y demás sanciones pecuniarias, así como el importe de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados con las infracciones;

 

                                    d)        El importe de los remates de productos forestales, instrumentos y maquinarias forestales decomisadas;

 

                                    e)        El establecimiento de un sello para el uso postal en beneficio del INAREF cuyos valores serán determinados de mutuo acuerdo entre el Instituto Postal Dominicano y el INAREF;

 

                                    f)         Las donaciones que se le hagan al Fondo;

 

                                    g)        Las donaciones, préstamos y legados;

 

                                    h)        Compensación por servicios ambientales;

 

                                    i)         Fondos provenientes de la cooperación internacional.

 

Párrafo I.- Los recursos de los acápites a), b), c), d), e) y f) constituyen el Fondo Privativo.  Los acápites g) y h) constituyen el Fondo Fideicomiso Forestal.  Los fondos provenientes de la cooperación internacional se destinarán de acuerdo a los objetivos de los proyectos presentados para tales fines.

 

Párrafo II.- Para el Fondo Fideicomiso Forestal el INAREF orientará preferentemente su aplicación en proyectos forestales de desarrollo integral en las montañas y cuencas altas, así como otras áreas declaradas prioritarias por el INAREF.

 

Artículo 37.- Los procedimientos relativos a la apertura, forma de contabilidad, control y operación en general del Fondo, se establecerán en el reglamento de esta ley.

 

Artículo 38.- La madera importada en troza, madera en cualquier nivel de elaboración, playwood, y aglomerados o cualquier otro tipo de madera elaborada, pagará el impuesto correspondiente, según lo establece el Código Arancelario vigente.  El Estado destinará el importe del impuesto en cuestión al Fondo Forestal creado por esta ley.

 

Artículo 39.- De los ingresos del Fondo Forestal, se destinará por lo menos el quince por ciento (15%) para financiar programas de investigación forestal, que promuevan el uso sustentable de los recursos forestales, tomando en consideración las prioridades nacionales establecidas.

 

Artículo 40.- El Poder Ejecutivo asignará anualmente, los recursos presupuestarios necesarios para dotar de la infraestructura básica, las áreas forestales declaradas prioritarias por el INAREF.

 

 

CAPITULO VII

 

PLANES DE MANEJO

 

 

Artículo 41.- El INAREF regulará y fomentará el manejo sostenible de los recursos forestales, a través de planes de manejo.  El Plan de Manejo constituye el instrumento básico para alcanzar la sostenibilidad en el uso de los recursos forestales.

 

Artículo 42.- Todo Plan de Manejo para ser conocido deberá ser elaborado por un profesional forestal con credencial acreditada ante el INAREF.

 

Artículo 43.- Queda expresamente prohibido a los funcionarios del INAREF, la participación en la formulación o ejecución de los Planes de Manejo Forestal, a excepción de lo contemplado en los Artículos 45 y 51.

 

Artículo 44.- Los requisitos particulares para los Planes de Manejo, dependerán de la actividad a realizar, de la ubicación y del tamaño del área, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley.

 

Artículo 45.- Los propietarios de predios cuya superficie total no exceda de 6.25 hectáreas (100 tareas) podrán presentar los Planes de Manejo sin la firma de un profesional forestal.

 

            Artículo 46.- El INAREF evaluará los Planes de Manejo que se le presenten, dentro de 90 días contados desde la fecha de su presentación.

 

            PARRAFO I.- Si se rechazare por el INAREF el Plan de Manejo sometido, se procederá de acuerdo a las previsiones contenidas en el reglamento de esta ley.  Un Plan de Manejo aprobado, sólo podrá ser modificado con autorización del INAREF.

 

            PARRAFO II.- Todo propietario de un Plan de Manejo aprobado, deberá presentar al INAREF un plan operativo anual donde se especifiquen cada una de las actividades del plan general para el año correspondiente.

 

            PARRAFO III.- El INAREF realizará las inspecciones o verificaciones que considere necesarias, con relación a la elaboración y ejecución del Plan de Manejo y los planes operativos anuales.

 

            PARRAFO IV.- Todo Plan de Manejo deberá contar con un Regente Forestal, quien será pagado por el propietario del bosque o la plantación, para dar seguimiento y cumplimiento al Plan de Manejo, quien responderá ante el INAREF de la ejecución de dicho plan, bajo las sanciones de la ley por falsedad o negligencia.

 

            PARRAFO V.- Todo Regente de Plan de Manejo deberá ser un profesional forestal o afín, con credencial avalada por la Asociación de Profesionales Forestales.

 

 

CAPITULO VIII

 

AREAS ESPECIALES DE MANEJO

 

 

            Artículo 47.- Se consideran áreas especiales de manejo o zonas de protección, los terrenos públicos o privados que, por condiciones de suelo, potencialidad hídrica o diversidad biológica, deban ser protegidas para garantizar las funciones de los ecosistemas.  Se consideran zonas de protección bajo manejo especial:

 

a)                  Las costas marinas, los bosques costeros y otras zonas similares que se detallan en el reglamento de esta ley;

 

a)                  Los nacimientos o fuentes de todos los ríos, lagunas, humedales, arroyos y manantiales;

 

a)                  Las riberas de los ríos, a partir del cauce, independientemente del régimen de derecho de propiedad;

 

a)                  En las áreas que se encuentren una o varias especies que ameriten ser preservadas;

 

a)                  Los terrenos con pendiente superior a 40º (90%) de inclinación.

 

            Artículo 48.- Se establecen como áreas especiales de manejo en TAF, las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas y cualquier otra categoría que se defina para fines de preservación y conservación de la vida silvestre.

 

            PARRAFO.- En los reglamentos de esta ley, se establecen los requisitos técnicos que deben cumplirse en los terrenos de aptitud forestal bajo la administración del INAREF.

 

            Artículo 49.- Las actividades de reforestación y protección de los bosques en las partes media y alta de las cuencas hidrográficas del país, así como todo plan de manejo forestal que se realice en cuencas aportantes de aprovechamiento hidráulico, serán responsabilidad del INAREF.  El Instituto coordinará con las instituciones públicas y privadas pertinentes, a fin de lograr una mayor protección de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las cuencas.

 

            Artículo 50.- Los terrenos ubicados en áreas de manejo especial, que hayan sido sometidos o no al régimen forestal y que se encuentren deforestados o con problemas fitosanitarios, sus propietarios dispondrán de un plazo establecido en los reglamentos para el sometimiento voluntario a las medidas impuestas por INAREF, para lo cual se dará el apoyo necesario.  En caso negativo, el INAREF podrá llevar a cabo el tratamiento apropiado con cargo al titular de la propiedad, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la presente ley.

 

 

CAPITULO IX

 

APROVECHAMIENTO FORESTAL

 

 

            Artículo 51.- Los bosques nacionales solamente podrán aprovecharse, si cuentan con un Plan de Manejo Forestal aprobado por el Consejo Directivo del INAREF.  Con la aprobación del Plan de Manejo Forestal, se tendrá por autorizada su ejecución por todo el período contemplado en el mismo, debiendo presentar cada año un plan operativo, acorde con los reglamentos de esta ley.

 

            Artículo 52.- Las plantaciones y/o sistemas agroforestales, que no excedan de 0.25 hectáreas (4 tareas) no necesitarán de Planes de Manejo para su aprovechamiento.

 

            Artículo 53.- Las plantaciones forestales y sistemas agroforestales, ubicados en tierras de aptitud preferentemente forestal, establecidos con recursos propios, y sometidos a un Plan de Manejo Forestal, tendrán derecho al certificado de plantación y derecho al corte, siempre que así se le solicite al INAREF.  Este constituye un  permiso de corta por adelantado.  En el reglamento de esta ley se definirán los procedimientos.

 

            Artículo 54.- La corta de árboles de especies en peligro de extinción o cualquier árbol patrimonio cultural o histórico, solamente se podrá autorizar en caso de enfermedad o que ponga en evidente peligro la vida de las personas.  La inspección será realizada por el INAREF en coordinación con otras dependencias especializadas del Estado.

 

            Artículo 55.- Cuando se trate de plantaciones de café y cacao en las que se requiera control de sombra, será competencia de los Departamentos de Café y Cacao de la Secretaría de Estado de Agricultura, otorgar la autorización correspondiente, a menos que se trate de pinos y especies de madera preciosa, así como para la corta de árboles con otros propósitos, lo cual será competencia del INAREF.

 

            Artículo 56.- Todo titular de aprovechamientos forestales llevará libros de registro del volumen de producción y venta.

 

            Artículo 57.- El titular de cualquier aprovechamiento forestal está obligado a cooperar con las investigaciones y supervisiones que el INAREF realice en relación con el manejo de proyecto.

 

 

CAPITULO X

 

COMERCIO, TRANSPORTE E INDUSTRIALIZACION

DE PRODUCTOS FORESTALES

 

 

            Artículo 58.- El INAREF fomentará la industrialización de los productos y de los subproductos forestales no madereros, así promoverá el ecoturismo, la recreación, educación, investigación, proyectos verdes para la captación de recursos disponibles en la comunidad internacional y organismos especializados de conservación.

 

            Artículo 59.- El INAREF autorizará la instalación de las industrias forestales que fueren necesarias, especialmente las que se dediquen a la industrialización de:

 

                                    a)        Arboles derribados o dañados por catástrofes;

 

                                    b)        Los árboles provenientes de proyectos con Planes de Manejo debidamente aprobados;

 

                                    c)        Extracción y/o elaboración de productos y subproductos de los bosques.

 

            Artículo 60.- La autorización de operación de una industria forestal, será anunciada por el INAREF en un medio de circulación nacional, previo pago de los costos de publicación por parte de los interesados, a más tardar, cinco días después de su autorización.

 

            Artículo 61.- Toda industria forestal para operar deberá estar inscrita en un registro industrial que establecerá el INAREF.  Las industrias existentes, al promulgar la presente ley deberán inscribirse durante el primer año.

 

            Artículo 62.- El INAREF deberá desarrollar un sistema de monitoreo para compilar el flujo de informaciones relativas a productos y subproductos forestales que resulten de los Planes de Manejos.

 

            Artículo 63.- El transporte de productos y subproductos forestales deberá ser controlado por el INAREF.

 

            Artículo 64.- A fin de controlar el transporte de la madera desde las áreas forestales a los centros de consumo, el INAREF establecerá las estaciones de control que considere necesarias, en las diversas rutas del país.

 

            Artículo 65.- Todo cargamento de madera, que de acuerdo al reglamento de esta ley no esté provisto de la certificación de transporte en el momento de su inspección, será incautado por el funcionario forestal, quien levantará el acta de la infracción y someterá a la acción de la justicia al transportador.

 

            PARRAFO I.- Las actas de sometimientos instrumentadas por la autoridad competente sobre violaciones a la presente ley, darán fe hasta inscripción en falsedad, cuando las mismas estén suscritas por la autoridad que las instrumente y por el infractor, en los demás casos, dichas actas darán fe hasta prueba en contrario.

 

            PARRAFO II.- En todo caso de delito flagrante de transporte ilegal de madera u otros productos forestales, se procederá a la incautación de los mismos según lo dispuesto en este artículo, pero el medio de transporte utilizado en la comisión del delito será devuelto a su legítimo propietario en un plazo no mayor de 48 horas.

 

            Artículo 66.- Todo producto forestal que por sentencia de un tribunal competente, se declare que ha sido obtenido ilegalmente, será confiscado a favor del INAREF y el valor del producto de su venta en pública subasta por parte del INAREF ingresará al Fondo Forestal.

 

 

CAPITULO XI

 

PROTECCION FORESTAL

 

 

            Artículo 67.- El INAREF tendrá un Servicio Nacional de Guardabosques, cuya función principal será velar por la protección, control y vigilancia del patrimonio forestal.  El funcionamiento de este servicio nacional forestal será establecido en el reglamento de esta ley.

 

            PARRAFO I.- El INAREF podrá crear en coordinación con los ayuntamientos, los Consejos Municipales Forestales.  La composición y atribuciones de estos consejos, se establecerán en el reglamento de esta ley.

 

            PARRAFO II.- El INAREF podrá nombrar inspectores forestales voluntarios, con funciones de fiscalización de aplicación de esta ley en forma honorífica, de acuerdo a un reglamento especial.

 

            Artículo 68.- Se prohibe toda actividad que pueda contribuir a producir incendios forestales, tales como:

 

a)                  Hacer quemas, a menos que sean expresamente autorizadas por el INAREF;

 

a)                  Dejar fogatas y tizones encendidos;

 

a)                  Arrojar colillas o cigarros encendidos, y

 

a)                  Realizar cualquier operación que pueda ser causa del origen o propagación de un incendio.

 

            Artículo 69.- El INAREF dispondrá de los recursos necesarios para el establecimiento y organización de un programa permanente de prevención de incendios forestales.

 

            Artículo 70.- El INAREF dictará todas las disposiciones y normas sobre el uso y control del fuego en terrenos forestales y sus colindancias.

 

            Artículo 71.- El INAREF requerirá incluir dentro de los planes de protección, conservación y manejo de áreas forestales, el diseño y construcción de obras de detección y control de incendios.  Exigirá además, la presencia de guardabosques y cuadrillas de obreros entrenados y/o voluntarios, dotados con el equipo apropiado para detectar y controlar los brotes de incendios.

 

            Artículo 72.- Cuando por falta de aplicación de medidas adecuadas se produzca un incendio, el aprovechamiento de las maderas muertas se hará estrictamente bajo la supervisión del INAREF.

 

            Artículo 73.- Las empresas que transporten o almacenen combustibles en terrenos forestales, están obligadas a tomar las precauciones adecuadas, de acuerdo con los reglamentos de esta ley, para prevenir los incendios en dichas zonas.

 

            Artículo 74.- En caso de incendios forestales, todas las autoridades civiles y militares, están en el deber de prestar su cooperación con los elementos adecuados de que dispongan para extinguirlos.

 

            Artículo 75.- El INAREF establecerá anualmente un período de emergencia, no obstante, podrá declararlo en cualquier momento si las condiciones climáticas así lo exigen, o si se comprueba que hay peligro inminente de que se produzcan incendios forestales.

 

            Artículo 76.- Desde el momento en que sea declarado un período de emergencia, quedan alertadas todas las autoridades civiles y militares destacadas en el área afectada.

 

            Artículo 77.- El INAREF tomará las medidas urgentes para organizar el servicio de prevención y control de los incendios que eventualmente se produzcan.

 

            Artículo 78.- Se declara de interés público la prevención, combate y erradicación de las plagas y enfermedades que afecten la vegetación forestal.

 

            Artículo 79.- El INAREF formulará y desarrollará Planes de Manejo Integrado de Plagas que incluya las estrategias de detección, control y prevención en los terrenos forestales para disminuir y prevenir los daños económicos y ecológicos.

 

            Artículo 80.- Los propietarios o usufructuarios de terrenos forestales comunicarán al INAREF la existencia de brotes de plagas o enfermedades en sus predios.

 

            Artículo 81.- Los trabajos de sanidad forestal incluyendo las cortas de saneamiento, deberán ser ejecutados por los propietarios o usufructuarios de terrenos forestales bajo la supervisión del INAREF y de acuerdo al plan de manejo integrado de plagas.  En caso de no efectuarlos, el INAREF los ejecutará y cobrará los honorarios correspondientes.  Los trabajos de sanidad forestal en bosques del Estado se harán con cargo al Fondo Forestal.

 

            Artículo 82.- El INAREF determinará qué productos de las cortas de saneamiento deberán destruirse y cuáles podrán aprovecharse.  La venta de los productos quedará a beneficio de los propietarios de los predios o de los titulares del saneamiento.

 

            Artículo 83.- El INAREF deberá conocer las solicitudes de importación de semillas y especies forestales, previa presentación de los estudios fitosanitarios del país de procedencia.  Estas actividades serán realizadas en coordinación con el Departamento de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Estado de Agricultura.

 

            Artículo 84.- Al decretarse una prohibición de corta, se precisará el período, el área y las especies afectadas y las medidas necesarias para su vigencia.

 

            Artículo 85.- Los Planes de Manejo deberán contener un programa específico de protección según se establezca en los reglamentos de esta ley.  El INAREF supervisará directamente el cumplimiento de esta disposición.

 

            Artículo 86.- El INAREF, podrá cambiar cuando lo estime conveniente, las especificaciones del programa de protección, previa presentación de las modificaciones en el plan de manejo.

 

 

CAPITULO XII

 

INVESTIGACION, CAPACITACION, EDUCACION,

 

Y EXTENSION FORESTAL

 

 

            Artículo 87.- El INAREF promoverá y desarrollará la investigación forestal, la educación y la capacitación y establecerá e impulsará políticas y programas de participación de la población rural y urbana en todas las acciones de manejo integral, así como la conformación y orientación de la cultura forestal en todos sus niveles y colaborará con las instituciones de enseñanza en coordinación con la Secretaría de Estado de Educación y Cultura.

 

            Artículo 88.- Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, se crea el Centro de Investigaciones Forestales (CIF), el cual tendrá como funciones la investigación, capacitación y extensión forestal dependiente tanto administrativa como financieramente del INAREF.

 

            Párrafo.- El CIF podrá crear centros experimentales forestales en coordinación con las instituciones del país.

 

            Artículo 89.- El CIF tendrá un encargado y un Consejo Asesor, los cuales serán nombrados por el Consejo Directivo a recomendación de una terna propuesta por el Director Ejecutivo.

 

            Párrafo.- El Director del CIF deberá ser un profesional en el área forestal y deberá contar con experiencia y formación profesional en investigación.

 

            Artículo 90.- Se declara obligatoria, la inclusión en los programas de todos los niveles de la educación, de temas relacionados con la conservación y desarrollo de los recursos forestales.

 

            Artículo 91.- Son funciones del Centro de Investigaciones Forestales:

 

                        a)         Promover, organizar y realizar programas integrales de investigación científica, enseñanza y desarrollo tecnológico en materia forestal, acorde con las condiciones ecológicas y socioeconómicas del país;

                        b)         Realizar investigaciones forestales, con énfasis en especies endémicas, nativas o naturalizadas;

                        c)         Promover el empleo de tecnología y especies forestales apropiadas para conservar, proteger, fomentar, restaurar o aprovechar en forma sustentable los recursos forestales del país;

                        d)         Capacitar técnicos y productores en las nuevas técnicas forestales, en colaboración con instituciones de enseñanza media y superior;

                        e)         Compilar, clasificar, publicar y difundir los resultados de los estudios e investigaciones de interés que en materia forestal se efectúen o validen en el país;

                        f)          Promover el intercambio de informaciones y publicaciones afines a las ciencias forestales a través de redes u organismos nacionales o extranjeros;

                        g)         Organizar y ejecutar campañas de promoción y ejecución sobre la conservación y el fomento de los recursos naturales renovables;

                        h)         Brindar asesoría técnica, a las instituciones educativas superiores para la formulación y diseño de los programas de estudios forestales a nivel medio y superior;

                        i)          Capacitar adecuadamente a los candidatos a guardabosques, en materia técnica y fiscal.

 

                        Artículo 92.- La introducción de nuevas especies y variedades forestales será autorizada por el INAREF luego que el Centro de Investigación haya avalado los estudios pertinentes.

 

                        Párrafo.- Cuando la introducción de nuevas especies y variedades forestales sea solicitada por una persona o institución privada, ésta deberá pagar la cuota que el INAREF determine para cubrir los costos de las investigaciones necesarias.

 

                        Artículo 93.- Podrán acogerse a los incentivos y beneficios que estipula la presente ley, las personas naturales o jurídicas, que emprendan, promuevan, inviertan capital o adquieran participación en actividades concernientes a proyectos de la siguiente naturaleza, en terrenos de aptitud forestal:

 

a)                  Proyectos forestales de uso múltiple para su ulterior aprovechamiento o proceso de transformación industrial, sujetos a Planes de Manejo aprobados por el INAREF;

b)                  Cualquier proyecto que a juicio del INAREF pueda desempeñar una actividad de fomento y/o que promueva el desarrollo forestal;

c)                  Agrupaciones, asociaciones y/o cooperativas de pequeños y medianos propietarios de terrenos declarados de aptitud preferentemente forestal.

 

                        Artículo 94.- Las personas naturales o jurídicas, que habiendo recibido los incentivos y beneficios de la presente ley no ejecutasen el Plan de Manejo o proyecto aprobado, perderán el derecho a tales beneficios e incentivos, debiendo reintegrar al Estado las sumas dejadas de pagar.

 

CAPITULO XIII

 

INCENTIVOS FORESTALES

 

                        Artículo 95.- A partir de la puesta en vigencia de la presente ley, el Estado emitirá un Certificado de Retribución Fiscal Negociable (CRFN), para financiar el 80% de los gastos de capital e inversiones realizados en el establecimiento y manejo de plantaciones, manejo y protección de bosques.  Este certificado será utilizado para el pago de todos los impuestos existentes.

 

                        Párrafo I.- El INAREF creará incentivos especiales que estarán definidos en el reglamento de esta ley, para promover la valoración de los servicios ambientales que prestan los bosques como fijación de carbono, conservación de agua y suelos, biodiversidad y mitigación de desastres naturales.

 

                        Párrafo II.- El INAREF deberá elaborar un programa de incentivos que identifique y priorice los tipos de bosques, las zonas o regiones y los grupos meta de cada etapa (manejo de bosques, plantaciones, pequeños o grandes productores, individuales o asociativos) en una base temporal que permita focalizar el programa de incentivos hacia un uso racional de los recursos.

 

                        Párrafo III.- Esta ley reconoce que el bosque previamente inventariado, valorado e inscrito en la Oficina Nacional de Catastro y en el Registro Público de la Propiedad Forestal, puede utilizarse como garantía hipotecaria o de crédito hasta el momento de su cosecha.

 

                        Artículo 96.- La bonificación establecida en el Artículo 93, se efectuará mediante la presentación al INAREF de la información correspondiente de los trabajos realizados y los gastos e inversiones incurridos durante el calendario fiscal; el INAREF comunicará lo aprobado al solicitante en un plazo no mayor de 60 días.

 

                        Párrafo.- El INAREF emitirá si procede, un certificado forestal negociable, que cubrirá los gastos e inversiones del ejercicio fiscal correspondiente, según lo establecido en el Artículo 93.

 

                        Artículo 97.- A los pequeños productores forestales, con áreas de hasta 100 tareas, además se les reconocerá la inversión a través de un certificado de plantación y derecho al corte.

 

                        Artículo 98.- Para el caso de pequeños productores forestales, que estén organizados en una asociación, cooperativa o federación, el CRFN se otorgará a la organización acorde al reglamento de la presente ley y ésta será solidariamente responsable ante el INAREF.  También será responsable de la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Manejo.

 

                        Artículo 99.- Los propietarios de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en terrenos forestales, sometidos a un Plan de Manejo y que no deseen acogerse a los incentivos de la presente ley, tendrán derecho a los siguientes beneficios, siempre que sean solicitados al INAREF y con el visto bueno de la Dirección General de Impuestos Internos:

                        a)         Exención del impuesto sobre la transferencia de la propiedad;

                        b)         Exención del impuesto sobre constitución de sociedades comerciales;

                        c)         Exención del impuesto sobre la construcción;

                        d)         Exención de impuestos nacionales y municipales de patente de venta de productos forestales;

                        e)         Certificado de plantación y derecho al corte.

 

                        Párrafo.- El certificado de plantación y derecho al corte, constituye un permiso de corta por adelantado cuyos procedimientos se definen en los reglamentos de esta ley.

 

                        Artículo 100.- Las utilidades derivadas de bosques naturales o de plantaciones, provenientes de Planes de Manejo beneficiados por la presente ley, estarán sujetas a la legislación vigente del Impuesto sobre la Renta, previstas en el Código Tributario Dominicano.

 

                        Párrafo I.- No se incluirán para fines del cálculo del Impuesto sobre la Renta los CRFN expedidos a Planes de Manejo aprobados formalmente, ni sus resultantes negociaciones.

 

                        Párrafo II.- Las personas naturales o jurídicas podrán deducir de sus ingresos, para fines de determinar su renta neta a pagar, las utilidades, rentas, ganancias de capitales o participaciones de planes de manejo aprobados, que sean aprobados por el INAREF como reinversiones en el Plan de Manejo que le dió la utilidad.

 

                        Artículo 101.- El INAREF fiscalizará todos los aspectos concernientes al cumplimiento de las obligaciones contraídas por las empresas o personas naturales o jurídicas, en virtud de la concesión de los beneficios e incentivos de la presente ley, a través de sus dependencias especializadas, confirmando que han sido destinados a los fines para los que fueron concebidos.

 

 

CAPITULO XIV

 

INFRACCIONES Y SANCIONES

 

 

                        Artículo 102.- Las violaciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por las autoridades judiciales competentes de acuerdo con las disposiciones vigentes.

 

                        PARRAFO.- El derribe, corte, cinche, desgaje, desrame o aprovechamiento sin el permiso correspondiente de 1 a 10 árboles, será sancionado con una multa que nunca será inferior al doble del valor de los árboles afectados y será competencia de los juzgados de paz.

 

                        Artículo 103.- Son infracciones a la presente ley las siguientes:

 

                                    a)        Aprovechar, o utilizar, derribar o destruir bosques o árboles en terreno de actitud forestal sin el debido Plan de Manejo, o del permiso correspondiente cuando se trate de lo establecido en el Artículo 52 de la presente ley;

 

                                    b)        Causar intencionalmente incendio forestal en cualquier bosque de la República Dominicana;

 

                                    c)        Desmontar terrenos para fines forestales y no acondicionarlos y ponerlos en producción;

 

                                    d)        Causar incendio por impericia, imprevisión y negligencia;

 

                                    e)        Presentar documentación falsa para fundamentar la solicitud de certificaciones y permisos;

 

                                    f)         Introducir en forma ilegal material vegetativo forestal;

 

                                    g)        Realizar o propiciar desmontes o invasiones de zonas de protección;

 

                                    h)        Amparar productos forestales con documentación falsa;

 

                                    i)         Obstaculizar o impedir las investigaciones y supervisiones que el INAREF realice de acuerdo a lo establecido en la presente ley;

 

                                    j)         Transportar o procesar madera cortada ilegalmente o que no esté amparada por su certificación de transporte;

 

                                    k)        Pastorear en terrenos de actitud forestal fuera de la zona, época o una carga animal que exceda la indicada por la autoridad forestal;

 

                                    l)         No cumplir o interrumpir la ejecución del Plan de Manejo o lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento en grado que afecte la protección, producción o aprovechamiento, sin causa debidamente justificada y documentada ante el INAREF;

 

                                    m)       No informar la existencia de plagas o enfermedades en predios forestales;

 

                                    n)        Explotar sin autorización más de 100 árboles para extraer resinas, gomas y en general productos cuya obtención no implique la muerte del árbol;

 

                                    ñ)        El derribe, corte, cinche, desgaje, desrame o aprovechamiento de 1 a 10 árboles dispersos o ubicados en zonas de protección sin la autorización correspondiente.

 

            PARRAFO I.- La autoridad judicial y administrativa competente, además de las sanciones establecidas en el presente artículo, podrá disponer la incautación y decomiso de los productos forestales, maquinarias, equipos, vehículos de transporte, que provengan de la violación cometida o fueron utilizados en la perpetración del hecho delictuoso.

 

            PARRAFO II.- La madera que el INAREF presuma ha sido cortada ilícitamente, deberá ser inventariada en el acto y en presencia del responsable de la misma, transcurridos tres días hábiles, período en el cual el dueño de la madera o su representante podrá presentar los documentos o justificaciones legales que amparen su posesión legal; el INAREF procederá a devolver la madera, si se comprueba documentalmente su legalidad.  En caso de que se inicie un proceso administrativo o judicial por violación a la ley en la corta u obtención de la madera incautada, se procederá a venderla, tomando como base los listados de precios que anualmente emita el INAREF para las distintas especies de madera, en rollo y aserrada.  Los ingresos de la venta se depositarán en una cuenta bancaria a la orden del INAREF.  Si del proceso administrativo o judicial se demostrare la legalidad de la extracción, se devolverá el dinero a su legítimo dueño o pasará al Fondo Forestal.

 

            Artículo 104.- Las violaciones a los acápites a), c), d), e), f), g), h), i) y j), del artículo precedente se sancionarán con penas de 6 meses a 2 años de prisión y con multa de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes en el sector público al momento en que se dicte la sentencia.

 

            Artículo 105.- La violación al acápite b) del Artículo 103 de la presente ley, se castigará con el apremio corporal establecido en el Código Penal Dominicano y con multa de 50 a 200 salarios mínimos mensuales vigente en el sector público al momento en que se dicte la sentencia.

 

            Artículo 106.- Las violaciones a los acápites k), l), m), n) y ñ) del Artículo 103 serán sancionadas administrativamente por el INAREF con multas de 5 a 200 salarios mínimos al momento que se dicte la sentencia, los acápites k), l) y n) conllevan suspensión o cancelación de la autorización de aprovechamiento, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad civil y de las sanciones penales.

 

            Artículo 107.- Sin perjuicio de las sanciones que establecen la presente ley, todo aquel que cause un daño a los recursos forestales, en violación de la presente ley, estará obligado a repararlo e indemnizarlo de conformidad con la ley.  La restauración del daño consiste en el establecimiento de la situación anterior al daño, hasta donde sea posible, y en la compensación económica que corresponda.

 

            Artículo 108.- Además de las sanciones penales y civiles establecidas en la presente ley, toda persona que resulte culpable de violar las disposiciones de la presente ley, deberá participar en programas de servicios forestales y concientización preparados por el INAREF para tales fines.

 

            Artículo 109.- En los casos en que el valor comercial de la madera aprovechada ilegalmente, sea superior al monto de las multas establecidas, se impondrá el pago de dos veces el valor del producto.

 

            Artículo 110.- Sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes, y las que dispone la Ley 14-91, del 20 de mayo de 1991, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, se impondrá a los funcionarios públicos, agentes o empleados del INAREF, la suspensión sin derecho a liquidación ni remuneración cuando cometan una de las siguientes faltas:

 

a)                  Cuando contribuya con la aprobación de planes de manejos forestales basados en datos e informaciones fraudulentas;

 

a)                  Cuando se preste a falsificar o falsifique documentos emitidos por el INAREF adulterando el texto original o haciendo figurar firmas no suscritas por las personas con autoridad para ello;

 

a)                  Cuando acepte sobornos, dádivas, recompensas o prebendas por la comisión de los hechos previstos en los incisos anteriores.

 

            PARRAFO.- Se les impondrán multas de cincuenta (50) sueldos mínimos a los que sobornen o traten de sobornar a los funcionarios, agentes o empleados del INAREF.

 

            Artículo 111.- Toda persona titular de aprovechamiento, propietario, usufructuario, poseedor, contratista, remitente, consignatario, portador, transportador, vendedor y comprador de productos forestales y de sus afines que dé cobijo, ampare, o asista a los infractores de la presente ley, será considerada cómplice y castigada con la pena inmediatamente inferior a la sanción de que se trate.

 

            Artículo 112.- Cuando el INAREF a través de sus oficinas correspondientes, suspenda un Plan de Manejo, el propietario o interesado podrá solicitar la revisión de su caso ante el Consejo Directivo.

 

CAPITULO XV

 

PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

 

            Artículo 113.- En todos los casos de libertad provisional bajo fianza por violación a la presente ley, la fianza deberá siempre presentarse en efectivo.

 

            Artículo 114.- El tribunal apoderado de un sometimiento fundamentado en cualquier violación a la presente ley, deberá fijar causa dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibir el sometimiento y fallar la misma dentro de los quince días de haberla conocido.

 

 

CAPITULO XVI

 

DISPOSICIONES FINALES

 

 

            Artículo 115.- La aplicación de la presente ley, estará a cargo del INAREF, con la cooperación de los funcionarios de su dependencia, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y otras instituciones afines.

 

            Artículo 116.- Las autoridades que correspondan estarán obligadas a ajustar en los términos de la presente ley, todas las disposiciones existentes relativas a zonas de protección, reservas forestales nacionales u otras, así como los contratos, concesiones, autorizaciones y permisos concedidos con anterioridad a la vigencia de esta ley.

 

            Artículo 117.- El Poder Ejecutivo deberá, en un plazo que no exceda de noventa (90) días, promulgar el reglamento general de la presente ley.

 

            Artículo 118.- Las infracciones a la presente ley y sus reglamentos serán conocidas por el tribunal competente al lugar en que se cometió.

 

            Artículo 119.- (Transitorio). Una vez creada una institución rectora del sector medio ambiente y recursos naturales el INAREF pasará a formar parte de la misma.

 

            Artículo 120.- La presente ley deroga y sustituye las siguientes leyes, decretos y reglamentos:

 

                        1.-        Ley No.5856, del 2 de abril del año 1962, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales, que sustituye la Ley No.1688, del 16 de abril del año 1948; la Ley No.1746, del 26 de junio del año 1948; la Ley No.1974, del 10 de abril del año 1949; la Ley No.1997, del 14 de mayo de 1949; la Ley No.4495, del 14 de agosto del año 1956 y la Ley No.4755, del 13 de septiembre del año 1957;

 

                                    2.-       Ley No.426, del primero (1ro.) de octubre del año 1964, que agrega dos párrafos a los Artículos 148 y 160 de la Ley No.5856, del 2 de abril del año 1962, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales;

 

                                    3.-       Ley No.414, del 13 de septiembre del año 1964, que modifica el Artículo 123 de la Ley No.5856, del 2 de abril del año 1962, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales;

 

                                    4.-       Ley No.206, del primero (1ro.) de noviembre del año 1967, que adscribe la Dirección General Forestal a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas;

 

                                    5.-       Ley No.211, del 8 de noviembre del año 1967, que ordena el cierre de los aserraderos y establece un impuesto a las maderas importadas;

 

                                    6.-       Ley No.481, del 2 de octubre del año 1969, que agrega un párrafo al Artículo 2 de la Ley No.206, del primero (1ro.) de noviembre del año 1967;

 

                                    7.-       Ley No.178, del 16 de junio del año 1971, que modifica el Artículo 3 de la Ley No.206 del año 1967;

 

                                    8.-       Ley No.180, del 16 de junio del año 1971, que modifica los Artículos 88 y 89 de la Ley No.5856 del 2 de abril del año 1962, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales;

 

                                    9.-       Ley No.627, del 28 de mayo del año 1977, que declara de interés nacional el uso, protección y adquisición por parte del Estado de la tierra cordillerana;

 

                                    10.-     Ley No.291, del 28 de agosto del año 1985, que ordena el cierre de los aserraderos y modifica las Leyes Nos. 211, del año 1967 y 705 del año 1982;

 

                                    11.-     Ley No.705, del 2 de agosto del año 1982, que dispone el cierre de los aserraderos y crea la Comisión Nacional Técnica Forestal;

 

                                    12.-     Ley No.290, del 28 de agosto del año 1985, sobre Incentivo al Desarrollo Forestal;

 

                                    13.-     Ley No.55, del 15 de junio del año 1988, que modifica la Ley 290 del año del 28 de agosto del 1985, sobre Incentivo al Desarrollo Forestal;

 

                                    14.-     Decreto No.2295, del Congreso Nacional, del 7 de octubre del año 1884, sobre Conservación de Bosques y Selvas;

 

                                    15.-     Decreto No.81, del 17 de agosto del año 1923, que prohibe la tumba de árboles de un lado al otro del camino;

 

                                    16.-     Decreto No.4257, que prohibe la exportación de madera preciosa manufacturada;

 

                                    17.-     Decreto No.5884, del 27 de junio del año 1949, que encarga a la Secretaría de Estado de Agricultura el estudio de las especies que puedan ser adaptadas para la conservación de suelos y aguas;

 

                                    18.-     Decreto No.6845, del 25 de septiembre del año 1950, que ordena a la Secretaría de Estado de Agricultura la siembra de 16 bosques nacionales;

 

                                    19.-     Decreto No.8086, del año 1962, que crea la Dirección General Forestal en la Secretaría de Estado de Agricultura;

 

                                    20.-     Decreto No.39, del 7 de septiembre del año 1965, que integra una comisión para el estudio del problema de la deforestación del país;

 

                                    21.-     Decreto No.728, del 8 de diciembre del año 1966, que prohibe la exportación de madera de procedencia nacional;

 

                                    22.-     Decreto No.1377, del 10 de junio del año 1966, que dispuso el cierre de todos los aserraderos en el territorio nacional;

 

                                    23.-     Decreto No.1509, del 24 de julio del año 1967, que prohibe el uso de la madera como combustible industrial;

 

                                    24.-     Decreto No.1044, del 8 de marzo del año 1967, que modifica el Artículo primero (1ro.) del Decreto No.728, del 8 de diciembre del año 1966;

 

                                    25.-     Decreto No.1998, que crea las comisiones municipales encargadas de proteger la foresta;

 

                                    26.-     Decreto No.3777, del 9 de junio del año 1969, que ordena que ningún permiso podrá ser autorizado salvo en los casos excepcionales y con la previa aprobación del Poder Ejecutivo;

 

                                    27.-     Decreto No.301, del 11 de octubre del año 1978, que dispone que la Dirección General Forestal y la Dirección Nacional de Parques, deberán en lo adelante coordinar sus actividades de común acuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura, y dicta otras disposiciones;

 

                                    28.-     Decreto No.583, del 22 de enero del año 1979, que crea e integra la Comisión Maderera;

 

                                    29.-     Decreto No.597, del 24 de enero del año 1979, que da poderes a la Comisión Maderera para otorgar permisos de importación de maderas;

 

                                    30.-     Decreto No.988, del 2 de julio del año 1979, que prohibe de manera transitoria la exportación de Guyacán;

 

                                    31.-     Decreto No.318, del 6 de octubre del año 1982, que crea la Comisión Nacional Técnica Forestal;

 

                                    32.-     Decreto No.3408, del 23 de julio del año 1982, que ordena el cierre inmediato de todos los aserraderos del país públicos y privados;

 

                                    33.-     Decreto No.752, del 11 de octubre del año 1983, que modifica los Artículos 1 y 2 del Decreto No.318, del 6 de octubre del año 1982;

 

                                    34.-     Decreto No.290, del 3 de junio del año 1987, que integra la Comisión Técnica Forestal;

 

                                    35.-     Decreto No.25, del 10 de enero del año 1987, que aprueba la zonificación de abastecimiento comercial de leña y carbón elaborada por los organismos forestales;

 

                                    36.-     Reglamento No.1044, del año 1934, que organiza el Cuerpo de Guardabosques y Servicio Forestal;

 

                                    37.-     Reglamento No.323, del año 1939, que regula el corte de árboles de madera y la repoblación del 20 x 1;

 

                                    38.-     Reglamento No.1506, de fecha 10 de febrero de 1942, sobre la extracción de cáscara de mangle;

 

                                    39.-     Reglamento No.22, del año 1986, para la aplicación de la Ley No.290 sobre Incentivo al Desarrollo Forestal;

 

                                    40.-     Reglamento No.658, del año 1986, para el funcionamiento orgánico de la Comisión Nacional Técnica Forestal; y cualquier otra ley, decreto, reglamento o disposiciones que le sea contraria.

 

            DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de julio del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 136 de la Restauración.

 

 

Héctor Rafael Peguero Méndez,

Presidente

 

 

Fátima del Rosario Pérez Rodolí,                                                        Manolo Mesa Morillo,

Secretaria                                                                                     Secretario Ad-Hoc.

 

                        DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve; año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

Secretaria                                                                                        Secretario

 

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República,

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, años 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

 

Leonel Fernández

 

Ley No. 119-99 que crea un nuevo juzgado de paz en el municipio de Puerto Plata, en adición al existente, que se denominará Juzgado de Paz para Asuntos Municipales.

 

(G. O. No. 10032, del 30 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

Ley No. 119-99

 

            CONSIDERANDO: La necesidad de los habitantes, residentes en la demarcación comprendida por el municipio cabecera de San Felipe de Puerto Plata, de cumplir las obligaciones establecidas en las disposiciones emanadas por el Gobierno Municipal.

 

            CONSIDERANDO: Que existe un cúmulo de procesos de los cuales se encuentran apoderados el Juzgado de Paz y la Cámara Penal de Puerto Plata, que impiden una mayor agilidad en los fallos de los expedientes que, por violación a las disposiciones municipales, han sido sometidas por las autoridades competentes.

 

            CONSIDERANDO: Que para eliminar esa práctica dilatoria con que vienen ventilándose en los tribunales judiciales del Distrito Judicial de Puerto Plata todos los sometimientos que son enviados por los funcionarios del Ayuntamiento del Municipio cabecera de Puerto Plata, y tomando en cuenta el vertiginoso crecimiento que observa desde el punto de vista demográfico la ciudad, es importante crear en función del existente, un juzgado de paz que pueda ventilar, de manera exclusiva, todas las violaciones a las leyes, ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales que se sometan en Puerto Plata.

 

            CONSIDERANDO: Que el crecimiento poblacional experimentado por el Municipio de Puerto Plata demanda una mayor inversión de fondos de parte del Ayuntamiento local para hacer más efectivos los servicios municipales y otras obras que son propias del organismo edilicio, razón por la cual los ingresos por concepto de las multas impuestas por dicho juzgado de paz ingresen a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puerto Plata.

 

            VISTA la Ley No.821, de fecha 21 noviembre de 1927, de Organización Judicial y sus modificaciones.

 

            VISTA la Ley No.675, de fecha 14 de agosto de 1944, sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones.

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

            Artículo 1.- Se crea un nuevo juzgado de paz en el Municipio de Puerto Plata, en adición al existente, y se denominará Juzgado de Paz para Asuntos Municipales.

 

            Artículo 2.- El Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Puerto Plata tendrá su jurisdicción dentro de los límites del municipio cabecera de la Provincia de Puerto Plata y conocerá de todas las infracciones de las leyes, ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales que son en la actualidad competencia de los juzgados de paz.

 

            Artículo 3.- Los inspectores del Ayuntamiento de San Felipe de Puerto Plata quedan facultados al amparo de la presente ley, para someter directamente por ante el representante del Ministerio Público del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, todas las violaciones a las leyes, ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales que hayan sido comprobadas por ellos.

 

            Artículo 4.- Los fondos necesarios para el funcionamiento del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Puerto Plata serán consignados en el Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos.

 

            Artículo 5.- Del monto total de multas impuestas en el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Puerto Plata, el 50% será destinado al Ayuntamiento de Puerto Plata.

 

            Artículo 6.- La ejecución de la presente ley, en cuanto a instalación del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del Municipio de Puerto Plata, se hará de las entradas calculadas del año con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución.

 

 

            DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de abril del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 136 de la Restauración.

 

 

Hector Rafael Peguero Mendez,

Presidente

 

 

Fatima del Rosario Perez Rodoli,                                                                    Radhames Castro,

            Secretaria                                                                                               Secretario

 

 

            DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Dagoberto Rodríguez Adames,

               Secretaria                                                                                  Secretario        

 

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

            En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

 

            PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

            DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Leonel Fernández

 

Ley No. 123-99 sobre el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del Gobierno Central para el año 2000.

 

(G. O. No. 10032, del 30 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

Ley No. 123-99

 

            VISTO el Artículo 37, Acápite 12 de la Constitución de la República.

 

            VISTO el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del Gobierno Central, para el año 2000 y su Addendum.

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LEY DE GASTOS PUBLICOS DEL

GOBIERNO CENTRAL, PARA EL AÑO 2000.-

 

            Artículo 1.- Los ingresos que perciba el Gobierno Central por cualquier concepto se acumularán en el Fondo General de la Nación (Fondo 100).

 

            PARRAFO I.- Se exceptúan de esta disposición los ingresos generados por las Leyes 370 y 196 de fechas 22 de octubre de 1968 y 21 de septiembre de 1971 (FONDO 1644), respectivamente; los ingresos que genere la Ley 379, de fecha 11 de diciembre de 1981, sobre Pensiones y Jubilaciones de funcionarios y empleados públicos (FONDO 1796); los ingresos provenientes de la Ley 91, de fecha 3 de febrero de 1983, sobre la venta de sellos especiales del Colegio de Abogados (FONDO 1860); los ingresos provenientes de las tarifas del cobro de los servicios que preste el Instituto Postal Dominicano, según el Artículo 11 de la Ley 70, de fecha 29 de octubre de 1986 (FONDO 1909); los ingresos originados de la expedición de licencias privadas y oficiales para la tenencia y porte de armas de fuego (FONDO 1914); los ingresos provenientes de reembolsos de sueldos pagados por el Gobierno a empleados de Zonas Francas (FONDO 1920); los ingresos que se perciban por el pago de tasas y derechos aeronáuticos (FONDO 1940); los ingresos provenientes del cobro de RD$100.00 por expedición y renovación de carnets para extranjeros en el país (FONDO 1941); los ingresos por venta de formularios de importación de mercancías y el sobordo de las naves (FONDO 1943); los ingresos provenientes de las ventas del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) (FONDO 1948); los ingresos provenientes de las ventas de sellos Pro-Parques, (FONDO 1952); los ingresos provenientes de fianzas y depósitos de terceros, cuya custodia esté a cargo del Estado; los ingresos provenientes del Diferencial de los Derivados del Petróleo (FONDO 1954); el 4% de los ingresos internos (excluyendo los fondos que están especializados en la Ley de Gastos Públicos) para los ayuntamientos del país (FONDO 1955); 0.50% de los ingresos correspondientes al Fondo General (100) para los partidos políticos (FONDO 1956); los ingresos provenientes del 30% de la Prima de Pólizas de Seguros (FONDO 1958) y los ingresos generados por el pago de peajes (FONDO 1961).

 

            PARRAFO II.- También se registrarán separadamente del FONDO GENERAL de la Nación, los ingresos provenientes de créditos externos a favor del Estado.

 

            PARRAFO III.- Los ingresos provenientes del Diferencial de los Derivados del Petróleo (Fondo 1954), no serán considerados Fondos Especializados en la Ley de Gastos Públicos, a los fines de aplicación de la Ley No. 17-97, del 15 de enero de 1997, que destina, en favor de todos los ayuntamientos del país, el 4% del monto de la Ley de Gastos Públicos correspondientes a los ingresos de orden interno, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos.

 

            Artículo 2.- Las demás leyes relativas a FONDOS ESPECIALES existentes seguirán vigentes en cuanto a los gravámenes que establecen, modificándose únicamente, en virtud de la disposición del Artículo 1, el sistema de especialización de los ingresos que se derivan de su aplicación.

 

            Artículo 3.- Se aprueba la estimación de Ingresos Fiscales provenientes de Recursos Internos en la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Millones, Doscientos Trece Mil Setecientos Cinco Pesos Oro (RD$46,634,213,705.00) para el año 2000, según se detalla en el Anexo I.

 

            Artículo 4.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se aprueban las apropiaciones de gastos para el año 2000, cuyo financiamiento corresponde a Recursos Internos, en la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Millones, Doscientos Trece Mil Setecientos Cinco Pesos Oro (RD$46,634,213,705.00), con la siguiente clasificación por Capítulo, Programa y Fondo Presupuestarios:


PRESUPUESTO DE GASTOS CON FINANCIAMIENTO INTERNO

 

AÑO 2000

 

-(Valores en RD$)-

 

CAP.

y PROG.

 

 

D E N O M I N A C I O N

1

Fondo General

2

Fondos Especiales

3

T O T A L

 

 

 

 

 

 

101

 

CONGRESO NACIONAL

   646,688,000

 

   646,688,000

 

 

 

 

 

 

 

01

LEGISLACION

   646,688,000

 

   646,688,000

 

 

 

 

 

 

201

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

4,976,260,110

691,934,655

5,668,194,765

 

 

 

 

 

 

 

01

DIRECCION SUPERIOR Y ADM. DEL ESTADO

 

3,694,573,100

 

39,256,150

 

3,733,829,250

 

02

COORD. Y ASESORAMIENTO TECNICO

   469,374,300

 

   469,374,300

 

03

PROMOCION SOCIO-ECONOMICA

     33,598,850

650,537,190

    684,136,040

 

04

FOMENTO DE LA CULTURA

     65,091,775

 

     65,091,775

 

05

CONTROL Y PROTECCION FORESTAL

    106,667,840

 

    106,667,840

 

06

FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES

   606,954,245

2,141,315

   609,095,560

 

 

 

 

 

 

202

 

INTERIOR Y POLICIA

1,772,369,025

1,936,339,045

3,708,708,070

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

     86,882,250

   133,621,690

   220,503,940

 

02

CONTROL DE MIGRACION

     30,981,175

       8,868,710

     39,849,885

 

03

ORDEN PUBLICO

  1,644,505,600

 

  1,644,505,600

 

04

FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES

     10,000,000

1,793,848,645

1,803,848,645

 

 

 

 

 

 

203

 

FUERZAS ARMADAS

3,675,022,335

 

3,675,022,335

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

  1,315,680,400

 

  1,315,680,400

 

02

DEFENSA TERRESTRE

  1,162,942,785

 

  1,162,942,785

 

03

DEFENSA NAVAL

   476,236,645

 

   476,236,645

 

04

DEFENSA AEREA

   720,162,505

 

   720,162,505

 

 

 

 

 

 

204

 

RELACIONES EXTERIORES

   408,901,970

 

   408,901,970

 

 

 

 

 

 

 

01

SERVICIOS INTERNACIONALES

   377,798,600

 

   377,798,600

 

02

EXPED. Y CONTROL DE PASAPORTES

     31,103,370

 

     31,103,370

 

 

 

 

 

 

205

 

FINANZAS

3,332,679,690

3,638,834,510

6,971,514,200

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

  2,358,391,555

3,611,007,595

5,969,399,150

 

02

ADMINISTRACION FISCAL

     44,180,375

 

     44,180,375

 

03

SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

   364,357,650

 

   364,357,650

 

04

SERVICIOS DE ADUANAS

   452,003,950

     27,826,915

   479,830,865

 

05

SERVICIOS CATASTRALES

     17,335,430

 

     17,335,430

 

06

ADM. PROPIEDADES DEL ESTADO

     49,162,235

 

     49,162,235

 

07

COMPRAS Y SUM. DEL GOBIERNO

       7,645,220

 

7,645,220      

 

08

EXONERACIONES Y EXENC. INDUST.

3,930,000

 

3,930,000

 

09

INST. DE CAPACITACION TRIBUTARIA

9,697,500

 

9,697,500

 

10

FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES

25,975,775

 

25,975,775

 

 

 

 

 

 

206

 

EDUCACION Y CULTURA

7,747,956,840

 

7,747,956,840

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

1,021,113,370

 

1,021,113,370

 

02

SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS

4,719,763,180

 

4,719,763,180

 

03

PLANIFICACION EDUCATIVA

7,565,150

 

7,565,150

 

04

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

948,064,980

 

948,064,980

 

05

FINANC. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

1,051,450,160

 

1,051,450,160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

SALUD PUBLICA

7,155,014,700

 

7,155,014,700

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

329,005,040

 

329,005,040

 

02

COORD. NORMAS Y CONT. PROGS. SALUD

1,651,046,685

 

1,651,046,685

 

03

SERVICIOS OPERATIVOS

2,753,515,475

 

2,753,515,475

 

04

SERVICIOS SOCIALES

300,114,280

 

300,114,280

 

05

FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES

2,121,333,220

 

2,121,333,220

 

 

 

 

 

 

208

 

DEPORTES

809,392,195

 

809,392,195

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION GENERAL

123,105,300

 

123,105,300

 

02

FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

452,641,205

 

452,641,205

 

03

FOM. DES.EDUC. FIS. EXTRAESC. Y LA REC.

13,096,245

 

13,096,245

 

04

ADM. MANT. DE RECINTOS DEPORTIVOS

220,549,445

 

220,549,445

 

 

 

 

 

 

209

 

TRABAJO

111,688,635

 

111,688,635

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

74,259,540

 

74,259,540

 

02

EMPLEO RECURSOS HUMANOS Y SALARIOS

5,032,880

 

5,032,880

 

03

REG. DE LAS RELAC. EMP. Y TRABAJADORES

32,396,215

 

32,396,215

 

 

 

 

 

 

210

 

AGRICULTURA

3,305,524,465

 

3,305,524,465

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

452,677,275

 

452,677,275

 

02

DES. DE LA PROD. FINANC. Y MERCADEO

695,106,630

 

695,106,630

 

03

DESARROLLO RURAL

157,687,700

 

157,687,700

 

04

DESARR. DE LOS REC. PECUARIOS

70,091,035

 

70,091,035

 

05

DES. DE LOS REC. NATURALES

65,169,975

 

65,169,975

 

06

FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES

1,864,791,850

 

1,864,791,850

 

 

 

 

 

 

211

 

OBRAS PUBLICAS

3,483,000,000

309,492,670

3,792,492,670

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

272,103,465

34,492,670

306,596,135

 

02

SERV. DE MANT. VIAL Y EQUIPO

627,735,605

 

627,735,605

 

03

OBRAS DE VIALIDAD

1,808,550,780

275,000,000

2,083,550,780

 

04

EDIFICACIONES

714,154,520

 

714,154,520

 

05

CONTROL DE TRANS. TERRESTRE

34,067,020

 

34,067,020

 

06

TELECOMUNICACIONES

26,388,610

 

26,388,610

 

 

 

 

 

 

212

 

INDUSTRIA Y COMERCIO

475,778,685

 

475,778,685

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

244,689,295

 

244,689,295

 

02

REG. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4,190,395

 

4,190,395

 

03

REGULACION DE PRECIOS

6,620,020

 

6,620,020

 

04

FOMENTO MINERO

6,062,055

 

6,062,055

 

05

NORMAS Y SISTEMAS DE CALIDAD

7,135,605

 

7,135,605

 

06

MARINA MERCANTE NACIONAL

121,315

 

121,315

 

07

FINANCIAMIENTO A INSTITUCIONES

206,960,000

 

206,960,000

 

 

 

 

 

 

213

 

TURISMO

279,898,525

 

279,898,525

 

 

 

 

 

 

 

01

DIRECCION SUP. Y ADM. GENERAL

95,658,655

 

95,658,655

 

02

FOMENTO DEL TURISMO

160,571,155

 

160,571,155

 

03

SERV. TURISTICOS Y DE CONTROL

23,255,470

 

23,255,470

 

04

PLANIF. PROG. Y PROY. E INC. TURISTICOS

413,245

 

413,245

 

 

 

 

 

 

214

 

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA

450,000,000

 

450,000,000

 

 

 

 

 

 

 

01

MINISTERIO PUBLICO

450,000,000

 

450,000,000

 

 

 

 

 

 

215

 

SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER

55,019,175

 

55,019,175

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION SUPERIOR

33,960,665

 

33,960,665

 

02

COORDINACION TECNICA

21,058,510

 

21,058,510

 

 

 

 

 

 

301

 

PODER JUDICIAL

711,000,000

2,990,265

713,990,265

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA

711,000,000

2,990,265

713,990,265

 

 

 

 

 

 

401

 

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

400,000,000

224,231,085

624,231,085

 

 

 

 

 

 

 

01

ADMINISTRACION ELECTORAL

302,368,755

224,231,085

526,599,840

 

02

REGISTRO CIVIL

17,410,505

 

17,410,505

 

03

CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

80,220,740

 

80,220,740

 

 

 

 

 

 

402

 

CAMARA DE CUENTAS

34,197,125

 

34,197,125

 

 

 

 

 

 

 

01

FISCALIZACION DE CUENTAS

34,197,125

 

34,197,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L E S

39,830,391,475

6,803,822,230

46,634,213,705

 

 

 

 

 

 

 

                        Artículo 5.- Se aprueba la siguiente utilización de recursos externos para el año 2000, por Capítulo, en la cantidad de Tres Mil Setecientos Treinta y Dos Millones, Ciento Setentiséis Mil Diez Pesos Oro (RD$3,732,176,010.00) cuya información por préstamos y donaciones se presenta en los Anexos II y III.

 

CAPITULO

INSTITUCIONES

CANTIDAD

201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

992,255,290

205

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

239,518,120

206

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION Y CULTURA

358,096,975

207

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

803,254,175

209

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO

101,847,695

210

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

775,437,675

211

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

457,070,880

215

SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER

4,695,200

 

TOTAL GENERAL

3,732,176,010

 

            Artículo 6.- La utilización de recursos provenientes del exterior a que se refiere el Artículo 5, podrá modificarse de acuerdo a las necesidades que se presentaren en el transcurso del año y según los compromisos que se establezcan con los organismos internacionales respectivos, siempre que dicha utilización sea destinada a la ejecución de programas estipulados en los convenios suscritos.

 

            Artículo 7.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo No.29 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, el detalle que acompaña a la presente Ley se considerará la distribución administrativa. La Oficina Nacional de Presupuesto establecerá los niveles de apropiación en dicha distribución administrativa, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todos los organismos públicos, no pudiendo ser alterados sin aprobación previa de la mencionada Oficina Nacional de Presupuesto.

 

            Artículo 8.- Los aportes y subvenciones a organismos públicos y privados a que se refiere la clasificación objetal del Manual de Clasificaciones Presupuestarias, deberán aplicarse al fin específico que determina la presente Ley y su distribución administrativa.

 

            Artículo 9.- Los recursos originados en préstamos o donaciones internacionales, con algunas excepciones en caso de calamidad pública, deberán ser depositados en la Tesorería Nacional y, el trámite de su utilización, será similar al sistema de asignaciones utilizado para la concesión de Recursos Internos.

 

            Artículo 10.- La utilización de los recursos que componen el FONDO GENERAL de la Nación, estará determinada en los diferentes Capítulos de la presente Ley de Gastos Públicos y en las modificaciones que se efectuaren en dicha Ley durante el ejercicio fiscal.

 

            Artículo 11.- Las apropiaciones fijadas para inversiones de capital, solamente podrán ser ejecutadas previa identificación de los proyectos correspondientes, para lo cual el Organismo Ejecutor deberá someter el informe técnico-económico elaborado al efecto, a la aprobación de la Presidencia de la República. Copia de dicha aprobación, deberá anexarse a la solicitud de asignación para los desembolsos correspondientes.

 

            PARRAFO I.- Ningún organismo del Gobierno Central podrá celebrar contratos que excedan la suma de quinientos mil pesos Oro (RD$500,000.00) sin la expedición del poder correspondiente por parte del Presidente de la República, a cuya solicitud deberá anexarse el informe técnico-económico a que se refiere este Artículo.


ANEXO A)

 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS CAPITULOS Y PROGRAMAS MODIFICADOS

 

(Fondo General) para el año 2000

 

-(Valores en RD$)-

 

 

 

 

CAPITULOS Y PROGRAMAS

PROYECTO ORIGINAL

AUMENTOS Y DISMINUCIONES

APROPIACION MODIFICADA

 

 

 

 

 

201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

 

 

 

 

1-Dirección Superior y Admtiva. del Estado

3,694,573,100

-64,426,420

3,630,146,680

 

 

 

 

 

205

FINANZAS

 

 

 

 

1-Administración Superior

2,358,391,555

-115,196,445

2,243,195,110

 

 

 

 

 

206

EDUCACION Y CULTURA

 

 

 

 

5-Financiamiento a Organismos e Instituciones

1,051,450,160

58,410,420

1,109,860,580

 

 

 

 

 

207

SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

 

 

 

 

3-Servicios Operativos

2,753,515,475

57,600,000

2,811,115,475

 

5-Financiamiento a Instituciones

2,121,333,220

-52,604,000

2,068,729,220

 

 

 

 

 

208

DEPORTES Y RECREACION

 

 

 

 

2-Fomento y Desarrollo del Deporte

452,641,205

1,020,000

453,661,205

 

 

 

 

 

210

AGRICULTURA

 

 

 

 

2-Desarrollo de Prod. Finac. y Mercadeo

695,106,630

-37,077,715

658,028,915

 

 

 

 

 

401

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

 

 

 

 

1-Administración Electoral

302,368,755

152,274,160

454,642,915

 

 

            DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Rafaela Alburquerque,

Presidenta

 

 

Ambrosina Saviñón Cáceres,                                                  Rafael Angel Franjul Troncoso,

Secretaria                                                                               Secretario

 

 

            DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

Secretaria                                                                               Secretario

 

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

 

Leonel Fernández

 

 

Ley No. 120-99 que prohibe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquiera naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos, etc.

 

(G. O. No. 10033, del 31 de diciembre de 1999)

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

Ley No. 120-99

 

                        CONSIDERANDO: Que es necesario mantener la armonía entre el hombre y su ambiente e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que perjudican la calidad de los recursos naturales y de la biosfera;

 

                        CONSIDERANDO: Que para disfrutar de su derecho a la vida, la salud y el bienestar, el hombre tiene derecho a estar libre de toda contaminación ambiental;

 

                        CONSIDERANDO: Que la cantidad de basuras y desechos, notorios en todo el país, dañan la imagen de limpieza y pulcritud que debemos presentar ante los turistas y empresarios de otros países;

 

                        CONSIDERANDO: Que es un deber de todo ciudadano la preservación y protección del medio ambiente;

 

                        CONSIDERANDO: Que existe deficiencia en el servicio ofrecido por las autoridades municipales y que los usuarios carecen de educación y cultura para el manejo de los desperdicios;

 

                        CONSIDERANDO: Que el desfase en el momento de descomposición de la basura y de la recolección agudiza el desprendimiento de gases y malos olores que dañan el ambiente;

 

                        CONSIDERANDO: Que muchas veces la basura es desorganizada y sacada fuera del envase por personas que buscan materiales desechos para utilizar o vender;

 

                        CONSIDERANDO: Que las personas que transitan por las calles no tienen reparos para tirar sus desperdicios de papel plástico o comestible en cualquier lugar, con lo cual se reproducen las condiciones para el desmejoramiento de la calidad ambiental.

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

                        Artículo 1.- Se prohibe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquiera naturaleza en calles, aceras, contenes, parques, carreteras, caminos, balnearios, mares, ríos, cañadas, arroyos y canales de riego, playas, plazas y otros sitios de esparcimiento y demás lugares públicos.

 

                        PARRAFO.- Se prohibe tirar basuras en las cañadas excepto en aquellas que los ayuntamientos determinen y acondicionen para tales fines.

 

                        Artículo 2.- Se prohibe a los propietarios e inquilinos de hogares y establecimientos comerciales sacar basura, desechos o desperdicios en hora distintas a las establecidas por las disposiciones municipales correspondientes.

 

                        Artículo 3.- Una vez colocada la basura en los recipientes y en los lugares donde debe ser recogida, se prohibe desorganizarla, rebuscar en ella, virar los zafacones, romper los recipientes en donde hayan sido depositados.

 

                        Artículo 4.- Las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios de cualquier tipo, del tamaño que fuere, en los lugares públicos, serán condenados a las penas de dos (2) hasta diez (10) días de prisión o multas de quinientos (RD$500.00) a mil (RD$1,000.00) pesos, o ambas penas a la vez.

 

                        PARRAFO I.- En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa establecida y el máximo de la prisión prevista en el presente artículo.

 

                        PARRAFO II.- Cuando se trate de infracciones cometidas a esta ley por personas morales o jurídicas, las sanciones de prisión se le aplicarán a sus representantes legales, gerentes, administradores o quien haga sus veces.

 

                        PARRAFO III.- Cuando se determine que se trate de personas físicas o morales dedicadas a ofrecer el servicio privado de acarreo y disposición de desperdicios, la multa podrá ser hasta de diez mil pesos.

 

                        Artículo 5.- El producto de las recaudaciones que se generen por concepto de la aplicación de esta ley será especializado por los ayuntamientos para un fondo destinado a la confección de fundas plásticas para la recogida de basura, las que podrán ser vendidas al público al costo de su fabricación. Los recursos que excedan se emplearán en un fondo para educación ciudadana sobre el manejo de desperdicios.

 

                        Artículo 6.- Los Juzgados de Paz de Asuntos Municipales serán competentes para conocer de las violaciones de la presente ley. Allí donde no existan, serán competentes los juzgados de paz ordinarios.

 

                        Artículo 7.- Todo ciudadano tendrá la obligación de mantener limpio e higienizado el frente de su residencia o establecimiento y recoger la basura, desecho o desperdicios que se encuentren en su acera.

 

                        PARRAFO.- La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, la Secretaría de Estado de Obras Públicas y los ayuntamientos del país desarrollarán una campaña de educación permanente, a fin de concientizar a la ciudadanía en todo el país sobre el contenido de la presente ley.

 

                        Artículo 8.- El cumplimiento de esta ley será responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos correspondientes y de la Policía Nacional.

 

                        Artículo 9.- La presente ley deroga toda disposición anterior que le sea contraria.

 

 

                        DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Ramón Alburquerque,

Presidente

 

 

Ginette Bournigal de Jiménez,                                      Angel Dinocrate Pérez Pérez,

                  Secretaria                                                                                 Secretario

 

                        DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Rafaela Alburquerque,

Presidenta

 

 

Ambrosina Saviñón Cáceres,                                                  Rafael Angel Franjul Troncoso,

                    Secretaria                                                                              Secretario

 

 

LEONEL FERNANDEZ

Presidente de la República Dominicana

 

 

                        En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República.

 

                        PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

 

                        DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, año 156 de la Independencia y 137 de la Restauración.

 

 

Leonel Fernández

 

Res. No. 121-99 que aprueba el Contrato de Concesión, suscrito en fecha 7 de julio de 1999 y su Addendum del 22 de octubre de 1999, entre el Estado Dominicano, la Comisión Aeroportuaria y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.

 

(G. O. No. 10033, del 31 de diciembre de 1999)

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

 

 

Res. No. 121-99

 

 

VISTOS los Incisos 14 y 19 del Artículo 37 de la Constitución de la República.

 

VISTO el Contrato de Concesión, suscrito en fecha 7 de julio de 1999 y su Addendum de fecha 22 de octubre de 1999, de los Aeropuertos de Las Américas, Gregorio Luperón, Arroyo Barril y María Montez, entre el Estado Dominicano, la Comisión Aeroportuaria y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A., los cuales se considerarán como un solo Contrato.

 

R E S U E L V E:

 

UNICO: APROBAR el Contrato de Concesión, suscrito en fecha 7 de julio de 1999, y su Addendum de fecha 22 de octubre de 1999, entre el Estado Dominicano, representado en este acto por el Ing. Diandino Peña, Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones; la Comisión Aeroportuaria, representada por su Presidente ExOficio, Ing. Diandino Peña; Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A., y Operadora de Aeropuertos del Caribe, representadas por su Presidente Ing. Abraham Hazoury; YVR Airport Services LTD., representada por su Director de Proyecto, señor Raynald Imbeault; la Ogden Central And South América, representada por su Vicepresidente Senior para Políticas y Relaciones Gubernamentales, señor Byron Kent Burton, e Impregilo, S.p.A., representada por el señor Antonio Dotti, para la administración, operación, mantenimiento, explotación económica, modernización, renovación y expansión de los Aeropuertos Internacionales de Las Américas, en Santo Domingo; Gregorio Luperón, en Puerto Plata; Arroyo Barril, en Samaná y María Montez, en Barahona; que copiado a la letra dice así:

 

 

CONTRATO DE CONCESION DE LOS AEROPUERTOS

DE LAS AMERICAS, GREGORIO LUPERON, ARROYO

BARRIL Y MARIA MONTEZ

 

 

Entre:             Estado Dominicano,

                        Comisión Aeroportuaria y

                        Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S. A.

 

 

 

Julio 1999

 


INDICE

 

 

Artículo        1:              Definición de Términos.                                                                     3

                    1.2            Referencias                                                                                        9

                    1.3            Títulos                                                                                               10

                    1.4            Singular y Plural                                                                                 10

                    1.5            Escritura                                                                                            10

                    1.6            Artículo                                                                                             10

                    1.7            Días                                                                                                  10

                    1.8            Términos Técnicos                                                                             10

 

Artículo        2:              Objeto del Contrato                                                                          10

                    2.1            Concesión                                                                                         10

                    2.2            Propiedad de los Aeropuertos                                                           12

2.3            Derecho de Usufructo                                                                        12

2.4            Negocios Complementarios y Derecho a Participar en

                                    Licitaciones.                                                                                      13

 

Artículo        3:              Término del Contrato                                                                         13

                    3.1            Término Puro y Simple                                                                      13

                    3.1.1         Extensión                                                                                           14

                    3.1.2         Renovación                                                                                       14

 

Artículo        4:              Fecha de Inicio                                                                                  14

                    4.1            Entrada en Vigor                                                                               14

                    4.2            Ratificación por el Congreso Nacional                                                14

                    4.3            Fecha de Inicio del Contrato                                                              14

                    4.3.1         Fecha de Inicio del Proyecto                                                              15

                    4.3.2         Fecha de Inicio de la Fase 2                                                              17

                    4.4            Período de Transición                                                                        17

 

Artículo        5:              Régimen Tarifario y de Ingresos.  Ingresos Reservados

                                    Al Estado Dominicano y Cesión de Derechos a la Concesionaria

                                    sobre Ingresos Derivados del Reglamento Tarifario 2658.

                                    Tarifas Aeroportuarias Especializadas, Tarifas Aeroportuarias

                                    Y Tarifas Comerciales.                                                                      18

                    5.1            Ingresos Reservados por la Concedente                                             18

                    5.2            Cesión de Derechos sobre el Reglamento 2658, y otros

                                    Derechos, Tarifas y Cargos.                                                               19

                    5.3            Aceptación de la Concesionaria de la Cesión de Derechos                 20

5.3.1         Derechos sobre los Ingresos derivados de las Tarifas

                                    Aeroportuarias Especializadas.                                                           20

5.3.2         Derechos sobre los Ingresos derivados de las Tarifas

                                    Aeroportuarias                                                                                  20

                    5.3.3         Derechos sobre los Ingresos derivados de las Tarifas

                                    Comerciales                                                                                      21

                    5.3.4         Exenciones                                                                                        22

                    5.4            Modificación de Tarifas                                                                     22

                    5.4.1         Tarifas Aeroportuarias Especializadas                                                22

                    5.4.2         Tarifas de Aterrizaje, Estacionamiento e Iluminación;

                                    Congelamiento Inicial                                                                         22

                    5.4.3         Aeropuerto Internacional María Montez                                             22

                    5.4.4         Tarifas Aeroportuarias                                                                       22

                    5.4.5         Tarifas Comerciales                                                                           23

                    5.4.6         Moneda de Referencia                                                                       23

                    5.5            Pago de Tarifas                                                                                 23

                    5.5.1         Creación de Cuentas                                                                         23

                    5.5.2         Tarifas Aeroportuarias Especializadas e Ingresos y

                                    Tarifas Aeroportuarias                                                                       23

                    5.5.3         Tarifas Comerciales                                                                           23

                    5.5.4         Entrada en Vigencia de la Cesión de las Tarifas                                  24

                    5.5.5         Convertibilidad y Transferibilidad de Fondos                                      24

                    5.6            Moneda                                                                                            25

                    5.7            Supuestos de Falta de Pago                                                               25

 

Artículo        6:              Reconocimiento de Contratos Anteriores                                           25

                    6.1            Reconocimiento de Contratos                                                            25

                    6.2            Aceptación de Obligaciones                                                               25

                    6.3            Cesiones a Terceros                                                                          26

                    6.4            Actualización de Contratos Anteriores                                                26

                    6.5            Empleados                                                                                        27

 

Artículo        7:              Obligaciones de la Concesionaria                                                       27

                    7.1.1         Explotación, Administración, Mantenimiento y Operación

                                    de los Aeropuertos                                                                            27

                    7.1.2         Renovación y Construcción                                                                31

                    7.1.3         Fondo de Promoción Turística                                                           33

                    7.1.4         Otras Obligaciones                                                                            33

                    7.1.5         Transferencia o Devolución de los Aeropuertos                                  35

 

Artículo        8:              Obligaciones de la Concedente                                                          36

                    8.1            Obligaciones frente a la Concesionaria                                               36

                    8.1.1         Autorizaciones respecto al Proyecto                                                   40

                    8.1.2         Modificaciones del Contrato y Documentos del Proyecto                   40

                    8.1.3         Indemnizaciones                                                                                40

                    8.2            Obligaciones en los Aeropuertos                                                        41

                    8.2.1         Zona de Aeropuertos                                                                         42

                    8.2.2         Navegación Aérea y otros Servicios                                                   44

 

Artículo        9:              Declaraciones de las Partes                                                                47

                    9.1            Declaraciones de la Concesionaria                                                     47

                    9.2            Declaraciones de la Concedente                                                        48

                    9.3            Declaraciones de las Empresas Licitantes                                           49

 

Artículo        10:            Régimen Fiscal                                                                                  50

                    10.1          Exenciones Impositivas                                                                      50

                    10.2          Impuestos de Importación y Arbitrios                                                 51

                    10.2.1       Equipos, Maquinarias y Mercancías                                                   51

                    10.2.2       Impuestos sobre Combustibles, Lubricantes y Grasas                         51

                    10.2.3       Impuestos sobre materiales y equipos de construcción                        51

                    10.3          Régimen de Admisión Temporal                                                         51

10.4          Retenciones                                                                                       52

10.5          Depreciación y Amortización Fiscal                                                    52

 

Artículo        11:            Equilibrio Económico                                                                         53

 

Artículo        12:            Fuerza Mayor                                                                                    54

                    12.1          Fuerza Mayor                                                                                    54

                    12.1.1       Definiciones                                                                                       54

                    12.1.2       Consecuencias                                                                                   55

                    12.1.3       Modificaciones frente a eventos de Fuerza Mayor                              55

                    12.2          Procedimiento                                                                                   55

                    12.3          Consecuencias                                                                                   56

                    12.4          Seguros frente a Acontecimientos de Fuerza Mayor                           56

 

Artículo        13:            Resolución del Contrato                                                                     56

                    13.1          Resolución del Contrato por parte de la Concedente                          56

13.2          Resolución del Contrato por parte de la Concesionaria                       57

 

Artículo        14:            Compensación por Terminación Anticipada del Contrato                    58

                    14.1          Definición                                                                                          58

14.2          Resolución del Contrato por causa imputable a la

Concesionaria                                                                                    58

14.3          Resolución del Contrato por causa imputable o por decisión

unilateral del Estado Dominicano y/o la Concedente                           58

14.4          Resolución del Contrato por falta de obtención del Equilibrio

Económico                                                                                        59

                    14.5          Forma de Pago                                                                                  59

 

Artículo        15:            Resolución de Disputas                                                                      59

                    15.1          Arbitraje                                                                                            59

                    15.2          Decisión Final e Irrevocable                                                               60

                    15.3          Continuación de Desempeño                                                              60

 

Artículo        16:            Transferencia y Cesión del Contrato                                                   60

                    16.1          Cesión por parte de la Concesionaria                                                 60

                    16.2          Cesión por parte de la Concedente                                                    61

 

Artículo        17:            Disposiciones Generales                                                                    61

                    17.1          Primacía de este Contrato                                                                  61

                    17.2          Protección de Inversiones                                                                  61

                    17.3          Notificaciones                                                                                    61

                    17.4          Confidencialidad                                                                                62

                    17.5          Legislación Aplicable                                                                         63

                    17.6          Idioma                                                                                               63

                    17.7          Derechos de Propiedad Intelectual                                                     64

                    17.8          Derechos de Terceros                                                                       64

                    17.9          Independencia de Cláusulas                                                               64

 

Artículo        18:            Transitorio                                                                                         64

                    18.1          Comisionado para el Seguimiento de la Concesión                             64

 

 

Anexos

 

 

                 Anexo 1       -Tasas Vigentes

                 Anexo 2       -Contratos Anteriores

                 Anexo 3       -Obras, Ampliaciones y Renovaciones

                 Anexo 4       -Inventario de Instalaciones Existentes

                 Anexo 5       -Cronología de Período de Transición

                 Anexo 6       -Planes Maestros

                 Anexo 7       -Seguros

                 Anexo 8       -Cronograma de Construcción

                 Anexo 9       -Servicios de Orden Público de la Concedente

                 Anexo 10     -Plano Maestro


 

ENTRE:

 

De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado en este contrato por el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Diandino Peña, dominicano, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0097176-1, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, autorizado al efecto mediante Poder Especial otorgado por el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna,  con el No. 142-99 de fecha 6 de julio de 1999, cuya copia certificada  se anexa y forma parte integral del presente contrato, y en lo adelante referido como el Estado Dominicano; y

 

LA COMISIÓN AEROPORTUARIA, entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada de acuerdo con las previsiones de la Ley No.8 del día 17 de noviembre de 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9489, del mismo mes y año (la “Ley 8”), con sus oficinas principales en la cuarta planta del Edificio de la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana, sito en la esquina formada por las Avenidas 27 de Febrero y General Gregorio Luperón, frente a la Plaza de la Independencia, en esta ciudad de Santo Domingo, debidamente representada por su Presidente ex- oficio, el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Diandino Peña, de generales antes anotadas, quien actúa en virtud del Poder Especial otorgado por el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna,  de fecha 6 de julio de 1999, marcado con el No. 142-99, la cual en lo que sigue de este Contrato se denominará como la “Comisión Aeroportuaria”;

 

y de manera conjunta, como la “Concedente”;

 

De otra parte, AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S.A., compañía organizada bajo las leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento social en Calle Francisco Prats Ramírez # 55, de esta ciudad de Santo Domingo, debidamente representada mediante Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha seis (6) de julio de 1999, por su Presidente, ING. ABRAHAM HAZOURY, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0790713-1, de este domicilio; quien en lo adelante se denominará la “Concesionaria”;

 

Y de esa misma parte, YVR AIRPORT SERVICES LTD., una compañía organizada bajo las leyes de Columbia Británica, a su vez representada por el señor RAYNALD IMBEAULT,   Director de Proyecto, casado, ciudadano canadiense, portador del pasaporte No. BC083548; IMPREGILO, S.p.A., una compañía organizada bajo las leyes de Italia, representada por el señor ANTONIO DOTTI, representante para la República Dominicana, casado, ciudadano italiano, portador del pasaporte No. 110612S; OPERADORA DE AEROPUERTOS DEL CARIBE, S.A. (OPASA), una compañía organizada bajo las leyes de la República Dominicana, representada por el  ING. ABRAHAM HAZOURY (Generales); y OGDEN CENTRAL AND SOUTH AMERICA, INC., una compañía organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, representada por DAVID W. WATSON, Senior Vicepresidente de Desarrollo, casado, norteamericano, portador del pasaporte No. 111728404, todas las cuales se referirán en forma individual, y en forma conjunta como las “Empresas Licitantes”;

 

PREÁMBULO

 

POR CUANTO:   El Estado Dominicano, por intermedio de la Comisión Aeroportuaria, organismo colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, convocó en agosto de 1998 a una licitación pública internacional para la concesión de la operación, administración, ampliación y modernización de cuatro (4) aeropuertos internacionales de la República Dominicana, que incluyen a Las Américas, en Santo Domingo; Gregorio Luperón, en Puerto Plata; María Montez, en Barahona y Arroyo Barril, en Samaná (los “Aeropuertos”);

 

POR CUANTO:  El proceso de licitación fue llevado a cabo por la Comisión Aeroportuaria, el Comité Técnico Ampliado y el Comité de Observadores designado al efecto,  en base a los Términos de Referencia bases y lineamientos generales para la preparación y presentación de propuestas de desarrollo de infraestructuras aeroportuarias para la República Dominicana, y de conformidad con las disposiciones de la Ley 8 de fecha 17 de noviembre de 1978;

 

POR CUANTO:  Que la Comisión Aeroportuaria, en presencia y bajo la orientación del Comité Técnico Ampliado y la supervisión de las personalidades que integran el Comité de Observadores designado por el Poder Ejecutivo, procedió a efectuar la evaluación correspondiente conforme a los criterios establecidos en los Parámetros de Evaluación contenidos en los Términos de Referencia, concluyendo favorablemente en beneficio del consorcio AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI S.A., como resultado de la Resolución de Concesión emitida por la Comisión Aeroportuaria en fecha 15 de marzo de 1999;

 

POR CUANTO: El Consorcio ganador garantiza la operación de los Aeropuertos mediante la suscripción de un contrato de operación con la firma YVR AIRPORT SERVICE LTD., una subsidiaria de LA AUTORIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER, y reconocida en todo el mundo por su exitosa gestión de aeropuertos, incluyendo diseño de terminales aeroportuarias, diseño de infraestructuras, experiencia en marketing, y desarrollo de servicios de transporte aéreo y de consultoría;

 

POR CUANTO: El Consorcio ganador ejecutará la construcción, ampliación y remodelación de los Aeropuertos mediante la firma de un contrato de construcción con el Consorcio conformado por CIVILCAD Constructora e IMPREGILO, S. p. A., empresas reconocidas por su experticio en el área de la construcción, las cuales fueron evaluadas en el proceso de licitación;

 

POR CUANTO:  El literal b) del Artículo 8 de la Ley 8 que crea la Comisión Aeroportuaria, autoriza a dicha Comisión a suscribir acuerdos con organismos nacionales e internacionales, referentes a la operación de los aeropuertos relacionados con la función y administración de los mismos, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo y sujeto a los trámites legales correspondientes;

 

POR CUANTO:  El literal c) del Artículo 8 de la Ley 8 autoriza asimismo a la Comisión Aeroportuaria a otorgar concesiones, arrendar espacios de los aeropuertos y contratar servicios para el buen funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento de los mismos, con la previa autorización del Poder Ejecutivo;

 

POR CUANTO:  Que el proceso de licitación de los Aeropuertos se limita a la concesión de la operación y administración de los aeropuertos, excluyendo del ámbito de responsabilidad de la Concesionaria las actividades relativas a los servicios de aduanas, migración, salud y sanidad pública, agricultura y cuarentena, supervisión militar y policial, control de tráfico aéreo, información y comunicaciones aeronáuticas, meteorología, radio-ayudas a la navegación aérea, seguridad aeroportuaria, rescate y extinción de incendios y protocolo oficial, entre otras funciones que, por ser eminentemente del ámbito estatal, quedan bajo el control del Estado Dominicano;

 

POR CUANTO:  Que en el ámbito mundial los procesos de concesión de infraestructuras aeroportuarias les permiten a los gobiernos eficientizar la gestión aeroportuaria y asegurar la inversión de los recursos necesarios para la continua ampliación y modernización de las infraestructuras aeroportuarias concesionadas, sin afectar recursos públicos que se destinarían a otros sectores más prioritarios de las economías nacionales, así como garantizar una mayor optimización de los ingresos generales del sector transporte aéreo, como consecuencia de la continuidad de aplicación de criterios y parámetros de gestión privadas, consecuentes con las teorías y prácticas modernas de administración y operación de infraestructuras de servicios públicos;

 

POR CUANTO: Es evidente que la Concesionaria cumple un rol de colaborador del Estado en la gestión y desarrollo de un servicio público, como es la gestión aeroportuaria, lo que implica un compromiso con la función pública del Estado. Por lo tanto, la Concesionaria deberá compatibilizar eficiencia y servicio público, de tal suerte que propicie competitividad en la ejecución de la Concesión frente a quienes desarrollen actividad comercial al interior de los Aeropuertos, y los demás usuarios,  debiendo asegurarse que igual obligación será cumplida por sus subconcesionarios o arrendatarios;

 

POR TANTO y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante de este Contrato, para todos los fines y consecuencias legales, las Partes

 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

 

Artículo 1:  Definición De Términos.

 

            1.1 De no indicarse otro significado, los términos siguientes usados en este Contrato significarán:

 

Actividades Aeroportuarias  tendrá el significado descrito en el Artículo 2.1 (d).

 

Actuación Lesiva por parte de la Concedente  significa las acciones señaladas en el Artículo 8.1 (i).

 

Aeropuertos  significa los siguientes aeropuertos: Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo; Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (AIGL), en Puerto Plata; Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (AIAB), en Samaná; y Aeropuerto Internacional María Montez (AIMM), en Barahona, ubicados en la República Dominicana, incluyendo los bienes muebles afectos a la actividad aeroportuaria, en su estado actual y futuro;

 

Afiliada  de cualquier Persona jurídica, significa cualquier entidad: (i) que es controlada por dicha Persona, o (ii) por la cual dicha Persona está controlada, o (iii) que está controlada por una Afiliada de esa Persona;

 

Autoridades Competentes  significa toda autoridad pública, organismo o Persona con jurisdicción y autoridad local, provincial o gubernamental, sobre la Concesionaria y este Contrato;

 

Autoridades Nacionales de Aviación Civil  significa la Dirección General de Aeronáutica Civil (“DGAC”), organismo especializado que, según lo dispuesto por la legislación dominicana, controla y supervisa la aviación civil en la República Dominicana, sin perjuicio de los demás organismos o agencias gubernamentales que puedan crearse en el futuro;

 

Cesión de Derechostendrá el significado descrito en el Artículo 5.2. de este Contrato;

 

Código Tributario tendrá el significado descrito en el Artículo 10.4;

 

 Comisión Aeroportuaria significa la entidad gubernamental de la República Dominicana creada por la Ley No. 8 del 17 de noviembre de 1978, que suscribe este Contrato;

 

Concedente significa la Comisión Aeroportuaria y el Estado Dominicano;

 

Concesión  significa todos los derechos otorgados a la Concesionaria de conformidad con este Contrato;

 

Concesionariasignifica la compañía AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI, S.A.;

 

Congreso Nacionalsignifica el Congreso Nacional de la República Dominicana;

 

Contratos Anteriores  significa aquellos contratos vigentes al momento de la firma de este Contrato, que han sido válidamente otorgados por las Autoridades Competentes a cualquier Persona y ejecutados de conformidad con la ley, en relación con algún derecho vinculado a los Aeropuertos, los cuales se identifican en el Anexo 2;

 

Convenio de Chicago   significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional suscrito el 7 de diciembre de 1944, enmendado y complementado periódicamente; y cualquier referencia a un “Anexo” del Convenio de Chicago, significará dicho Anexo, según sea enmendado y complementado periódicamente;

 

Cuentas Extranjerastendrá el significado descrito en el Artículo 5.5.1 de este Contrato;

 

Cuentas Nacionalestendrá el significado descrito en el Artículo 5.5.1 de este Contrato;

 

Derecho de Usufructo  significa, sin perjuicio de los derechos reservados en este acto a las Autoridades Competentes, el derecho exclusivo a favor de la Concesionaria de uso  y explotación económica de los Aeropuertos y las Actividades Aeroportuarias durante el término de la Concesión, de acuerdo con las estipulaciones de este Contrato, y sujeto a las limitaciones fijadas por la Concedente en este Contrato;

 

Deuda  con respecto a la Concesionaria significa en cualquier fecha, (i) deuda por dinero prestado a la Concesionaria con el objeto de financiar los Trabajos de Construcción y para llevar a cabo la Fase 1 y la Fase 2 del Proyecto; (ii) cualquier obligación bajo arrendamientos financieros contratados por la Concesionaria para la adquisición de equipos afectos a la actividad aeroportuaria y cuya propiedad pasará al Estado Dominicano al vencimiento del contrato; y (iii) todas las obligaciones de garantía de la Concesionaria respecto de la deuda de otras personas del tipo descrito en los incisos (i) a (ii) de esta definición;

 

Disputa tendrá el significado descrito en el Artículo 15.1 de este Contrato;

 

Documentos del Proyecto significa este Contrato, el Contrato de Diseño y Construcción del Proyecto, los Estatutos Sociales de la Concesionaria, los documentos de la Oferta, incluyendo la Oferta, el Manual de Operación, y los estudios especializados útiles y necesarios para la correcta ejecución del Proyecto;

 

Dólares” o “US$  significa la moneda oficial de los Estados Unidos de América;

 

Emergenciasignifica (i) cualquier estado o situación producida por un terremoto, inundación, tormenta, huracán, tornado, derrumbe, tormenta eléctrica, incendio, explosión, o evento similar que afecte de manera directa, total o parcialmente el funcionamiento de cualquiera de los Aeropuertos y (ii) choques o caídas de aeronaves u otros accidentes catastróficos que involucren aeronaves en o cerca de los Aeropuertos;

 

Empresas Licitantes”, significa las compañías YVR AIRPORT SERVICES LTD. Una subsidiaria DE LA AUTORIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER, IMPREGILO, S.p.A., OPERADORA DE AEROPUERTOS DEL CARIBE, S.A. (OPASA), y OGDEN CENTRAL AND SOUTH AMERICA INC., socios fundadores de la Concesionaria quienes suscriben el presente Contrato a los fines exclusivos de lo dispuesto en el Artículo 9.3 de este Contrato;

 

Equilibrio Económico tendrá el significado descrito en el Artículo 11 de este Contrato;

 

Equipo de Navegación Aérea  significa  uno o varios conjuntos de componentes relacionados operacionalmente para el cumplimiento integral de la función de la Navegación Aérea, que incluyen los servicios de Tránsito Aéreo (ATS), de Telecomunicaciones Aeronáuticas (COM) de búsqueda y salvamento (SAR) y los servicios meteorológicos para la Navegación Aérea (MET);

 

Estado Dominicano a los fines del presente Contrato significa el Poder Ejecutivo, la Comisión Aeroportuaria, la Autoridad Nacional de Navegación Aérea, y los departamentos administrativos o técnicos o a las dependencias del Poder Ejecutivo;

 

Expansión  significa los Trabajos de Construcción requeridos con sujeción a los Planes Maestros anexos al presente Contrato, a ser ejecutados con la finalidad de ampliar, desarrollar, modernizar y mejorar los Aeropuertos;

 

Explotación  significa la tenencia, uso, goce, administración, explotación económica y prestación de los Servicios, conforme constituidos por la Comisión Aeroportuaria en favor de la Concesionaria con sujeción a los términos de este Contrato;

 

Fase 1 tendrá el significado descrito en el Artículo 3.1 de este Contrato;

 

Fase 2 tendrá el significado descrito en el Artículo 3.1 de este Contrato;

 

Fecha de Inicio de la Fase 2  tiene el significado estipulado en el Artículo 4.3.2;

 

Fecha de Inicio del Contrato  tiene el significado estipulado en el Artículo 4.3;

 

Fecha de Inicio del Proyecto  tiene el significado estipulado en el Artículo 4.3.1;

 

Fuerza Mayor  tiene el significado asignado en el Artículo 12;

 

IATA significa “Asociación Internacional de Transporte Aéreo” (International Air Transport Association) o cualquier sucesor (a) de la misma;

 

Ingresos Reservadossignifican los derechos e ingresos que se reserva la Concedente de conformidad con el Artículo 5.1.1 de este Contrato.

 

Instalaciones Existentes significa las instalaciones de los Aeropuertos que existen en la actualidad, o sea, desde antes de la fecha de suscripción del Contrato y las cuales son tratadas por el Artículo  2.1 y 2.2 de este Contrato, entre otros;

 

Instalaciones Nuevas  significa todas las instalaciones, incluyendo, entre otras, los estacionamientos, zonas comerciales, industriales, almacenes, depósitos de aduanas, estaciones de servicio, instalaciones sanitarias, deportivas, de descanso, restaurantes, hoteles, centros comerciales, edificios, y demás instalaciones de similares características que se construyan en el área aeroportuaria subsecuente a la fecha de suscripción del Contrato;

 

Licitación  significa el proceso de licitación pública internacional llevada a cabo por el Estado Dominicano y la Comisión Aeroportuaria, el cual ha dado lugar a la suscripción de este Contrato respecto a los Aeropuertos;

 

            Normas  significa las regulaciones y/u otras normas (incluyendo sin limitación cualquier práctica recomendada y/o procedimientos incorporados a dichas regulaciones) aplicables periódicamente a cualquier aspecto del diseño, construcción, renovación, operación, administración, mantenimiento, modernización y o expansión de aeropuertos (incluyendo sus edificaciones, equipos, instalaciones y sistemas) que hubieren sido publicados por la OACI;

 

OACI  significa “Organización de Aviación Civil Internacional” (International Civil Aviation Organization - ICAO) constituida por el Convenio de Chicago, o cualquier sucesor (a) de la misma;

 

Oferta significa la contestación oficial de la Concesionaria a la Licitación, la cual forma parte integral del presente Contrato en todo cuanto no le sea contrario;

 

Parte significa cualquiera de las partes que suscriben este Contrato;

 

Persona  significa las personas individuales y/o colectivas previstas en los Códigos Civil y de Comercio Dominicano, la Concesionaria, la Autoridad Competente, organismo, departamento, ministerio, funcionario o persona pública;

 

Pesos” o “RD$  significa la moneda de curso legal de la República Dominicana, o sea, Pesos Dominicanos;

 

Planes Maestros  significa los planes maestros relacionados con los Aeropuertos, los cuales han sido entregados por la Concesionaria a la Comisión Aeroportuaria formando parte de la Oferta, y que forman parte integral de este Contrato;

 

Plano Maestro  significa el plano en el que se indican los límites territoriales de los Aeropuertos en la actualidad, incluyendo los terrenos necesarios para la ejecución de los Trabajos de Construcción y/o la ampliación de los Aeropuertos o las Instalaciones Nuevas, según el Anexo 10;

 

Proyecto significa el conjunto de obras a ser realizadas en los Aeropuertos incluyendo renovaciones y expansiones a los mismos de conformidad con la Oferta de la Concesionaria;

 

Quiebra  significa bajo el presente contrato uno cualesquiera de los siguientes eventos: (i) el depósito voluntario por una Persona de una solicitud de tentativa de arreglo previo a la demanda de quiebra prevista en las leyes de la República Dominicana u otro recurso similar; (ii) el estado de cesación de pagos de una Persona cuando ha solicitado ante los tribunales la declaración de la misma o cuando dicha declaración es solicitada por un tercero interesado y existe una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;

 

Reglamento  tiene el significado estipulado en el Artículo 5.2;

 

Servicios  significa los servicios aeroportuarios o comerciales prestados o contratados, concesionados o subconcesionados por la Concesionaria con el fin de garantizar la eficaz gestión, explotación y mantenimiento de los Aeropuertos, conforme a lo establecido en las Normas;

 

Servidumbre Aeronáutica  significa el cinturón de terreno ubicado en las proximidades de los Aeropuertos que, en función de las actividades aeronáuticas y de los desarrollos aeronáuticos en éstos realizados, o por otras razones derivadas de este uso, sean declarados por las Autoridades Competentes como no aptos para la realización de actividades, construcciones o instalaciones de ningún tipo.

 

Servidumbre de Paso  significa el derecho de paso, de entrada y de salida de los Aeropuertos o de cualquiera de sus partes, sin impedimento alguno, de terceros con el fin de contratar, explotar, y mantener los Aeropuertos y las Instalaciones Existentes y las Instalaciones Nuevas, tal y como se estipula en este Contrato;

 

Sistema de Navegación Aéreasignifica la combinación de equipos (componentes y accesorios) interrelacionados a distancia, que permiten la operación de las aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro de las coberturas de la ayuda para la navegación aérea;

 

Tarifas Aeroportuarias Especializadas significan los cobros, tarifas, derechos y montos que la Concesionaria podrá, ahora o en el futuro, exigir de conformidad con el Artículo  5.3.1 de este Contrato;

 

Tarifas Aeroportuariassignifican los cobros, tarifas, derechos y montos que la Concesionaria podrá, ahora o en el futuro, exigir de conformidad con el Artículo 5.3.2 de este Contrato;

 

Tarifas Comerciales” significan los cobros, tarifas, derechos y montos que la Concesionaria  podrá, ahora o en el futuro, exigir de conformidad con el Artículo 5.3.3 de este Contrato;

 

Tarifas Aeroportuarias y Comerciales, significan las Tarifas Aeroportuarias Especializadas, las Tarifas Aeroportuarias, y las Tarifas Comerciales en su conjunto.

 

Término del Contrato significa la duración de la vigencia de este Contrato consistente en 20 años y sus prórrogas, si las hubiere, comenzando en la Fecha de Inicio del Contrato;

 

Términos de Referencia significa los términos emitidos por el Estado Dominicano y la Concedente en la Licitación de los Aeropuertos y los cuales forman parte integral de este Contrato en todo cuanto no le sea contrario;

 

Trabajos de Construcción  significa el diseño, construcción, instalación y terminación de las obras de a ser realizadas por la Concesionaria en, con relación a, o en conexión con, la Expansión o cualquier ampliación de los Aeropuertos como específicamente está delineado en los Planes Maestros y/o en los Documentos del Proyecto;

 

US GAAP significan los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América;

 

            1.2.   Referencias. Si el contexto no requiere otra interpretación, cualquier referencia hecha en este Contrato a este Contrato o cualquier otro contrato o Documento del Proyecto, incluye este Contrato, y cualquier modificación que fuere realizada por escrito entre las Partes;

 

1.2.1   una ley, incluye dicha ley en su versión vigente en el momento que sea necesaria su interpretación y /o aplicación; y

           

1.2.2   el presente “Contrato”, incluye sus Anexos y los documentos incorporados por referencia.

 

            1.3  Títulos:  Los títulos de los Artículos deben ser utilizados únicamente a efecto indicativo y no afectarán su interpretación.

 

            1.4  Singular y Plural:  Excepto cuando el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular incluirán también el plural y viceversa.

 

            1.5  Escritura:  Las palabras “escrito” y “por escrito” incluyen cualquier forma visible de reproducción.

 

            1.6  Artículo:  Toda referencia a un Artículo debe entenderse efectuada a los Artículos de este Contrato.

 

1.7       Días:  Salvo donde se indique expresamente lo contrario, las referencias en este Contrato a días deben entenderse a días laborables.

 

            1.8. Términos Técnicos: Los términos utilizados en este Contrato, que no fueren definidos por el mismo, pero que tienen significados comúnmente entendidos cuando son utilizados en operaciones internacionales sobre aeropuertos y en la industria de la construcción, tendrán tales significados comúnmente entendidos.

 

Artículo  2:  Objeto del Contrato.-

 

            La Concedente suscribe este Contrato con la finalidad de otorgar a la Concesionaria, a partir de la Fecha de Inicio del Contrato y durante el término del mismo, la Concesión exclusiva de administración, operación, mantenimiento, explotación económica, renovación y expansión de los Aeropuertos de conformidad con los términos de este Contrato y en el entendido de que tal Concesión se otorga a condición resolutoria de la ejecución de las obras de construcción y remodelación de los Aeropuertos en la forma y plazos contenidos en este Contrato y en los proyectos definitivos aprobados por las Partes.

 

2.1 Concesión.

 

            A partir de la Fecha de Inicio del Contrato, los derechos establecidos por la Concesión, las Instalaciones Existentes y demás activos localizados en el área de los Aeropuertos,  incluyendo los Contratos Anteriores, son cedidos por la Concedente para el usufructo de la Concesionaria. Con motivo de dar efecto a la Concesión, la Concedente y/o cualquier otra Autoridad Competente correspondiente, tomarán las medidas necesarias para que dichas cesiones devengan efectivas.

 

            Igualmente, se acuerda que a partir de la Fecha de Inicio del Contrato, la Concesionaria se haga cargo de los Aeropuertos en sujeción a, y beneficiándose de, los alquileres, concesiones, contratos y otros convenios  que la Concedente le ha provisto a la Concesionaria, de acuerdo con los términos del presente Contrato,  los cuales están descritos en el Anexo 2, y que constituyen los Contratos Anteriores.

 

Del ámbito de responsabilidad de la Concesionaria se distinguen las siguientes áreas:

 

a)      Operación y Mantenimiento. Por medio de este Contrato, la Concedente le otorga a la Concesionaria la concesión tan amplia como en derecho proceda dentro de los términos de este Contrato para la administración, operación y mantenimiento de los Aeropuertos, ajustados a los métodos, normas y estándares internacionalmente aceptados por la OACI.

 

b)      Explotación Económica. Por medio de este Contrato, la Concedente le otorga a la Concesionaria la concesión tan amplia como en derecho proceda dentro de los términos de este Contrato para la explotación económica de los Aeropuertos. Dicha concesión establece el derecho, en favor de la Concesionaria, para percibir todos los ingresos (salvo los Ingresos Reservados) que se generen de la explotación de la industria aeroportuaria y servicios complementarios,  en los Aeropuertos que la Concedente ha consentido ceder y que se establecen en los Términos de Referencia, en la Oferta y en el presente Contrato. Igualmente, la Concesión incluye la cesión de pleno derecho por parte de la Concedente a la Concesionaria del uso y disfrute de todas las Instalaciones Existentes y las Instalaciones Nuevas en los Aeropuertos y el derecho exclusivo de uso, disfrute, y explotación de las áreas, terrenos y construcciones inherentes a los Aeropuertos. La Concesionaria podrá a su vez tener el usufructo de todo y cualquier derecho sobre las Instalaciones Existentes, y las Instalaciones  Nuevas, de conformidad con las disposiciones de este Contrato.

 

c)      Construcción, Remodelación y Expansión. Por medio de este Contrato, la Concedente le otorga a la Concesionaria la concesión tan amplia como en derecho proceda, de acuerdo con los términos del presente Contrato, para la renovación y expansión de los Aeropuertos, entendida esta última en el más amplio sentido, incluyendo la construcción de las Instalaciones Nuevas y la ejecución de los trabajos de remodelación.

 

d)      Actividades Aeroportuarias. La Concedente le otorga a la Concesionaria la concesión tan amplia como en derecho proceda para la explotación de todos los servicios en las provincias o distritos en que se encuentren situados los Aeropuertos donde se realice o pueda realizarse cualquier actividad relacionada con las actividades, funciones o instalaciones de los Aeropuertos, incluyendo, actividades de tiendas comerciales de zona franca tales como las existentes en la ciudad de Santo Domingo.

 

      En el caso de que la Concesionaria no pudiere ejercitar su derecho de explotación económica sobre las Actividades Aeroportuarias, conforme a lo establecido en este Contrato, se remitirá a lo dispuesto en el Artículo 11 referente al Equilibrio Económico.

 

e)      Cooperación de las Partes.  Dada su intención de ejecutar exitosamente la Concesión, ambas Partes se comprometen a cumplir y ejecutar todas sus obligaciones relacionadas o resultantes de este Contrato dentro de un marco de cooperación y buena fe.

 

f)        Derechos a Terceros. La Concesionaria podrá, a su vez, a su entera discreción y  sujeto a los Contratos Anteriores, arrendar las zonas de las Instalaciones Existentes, las Instalaciones Nuevas o conceder derechos de ocupación de las mismas a otras Personas, pero en el entendido de que no le está permitido consentir hipotecas, y gravámenes sobre ellas, limitación convencional que la Concesionaria acepta tanto para el usufructo como para la cesión de derechos superficiarios. Igualmente, estará facultada para conceder cualquier derecho de uso de los Aeropuertos y/o parte de los mismos a terceros mediante convenios o contratos que expiren en o antes del Término del Contrato, de donde cualquier contestación entre los terceros y la Concesionaria, no será oponible a la Concedente.  La Concesionaria podrá suscribir convenios o contratos por un término mayor al Término del Contrato con la autorización previa de la Concedente.  La Concesionaria podrá optar entre prestar los Servicios en los Aeropuertos de manera directa o a través de otras personas, conforme la legislación y Normas aplicables y sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en este Contrato.

 

      2.2  Propiedad de los Aeropuertos.

 

            La Concedente garantiza la libre y pacífica explotación de los bienes objeto de la presente Concesión. La Concedente es y seguirá siendo propietaria exclusiva de los Aeropuertos, incluyendo sin limitación, sus edificaciones, equipos e Instalaciones Existentes, todos los cuales estarán a la disposición para el uso y disfrute de la Concesionaria durante el Término del Contrato. La Concesionaria ejercerá todos los derechos de usufructo sobre éstos, libre de cualquier garantía, carga o gravamen y se compromete a no consentir derechos reales sobre éstos y a mantenerlos durante todo el Término del Contrato en buen estado y funcionamiento y libres de garantías, carga o gravamen. La Concedente por este medio declara formal y expresamente que el inventario de las Instalaciones Existentes, equipos, franquicias, alquileres y otros activos y derechos comprendidos dentro de los Aeropuertos establecidos en los Anexos 2 y 4 describen correctamente los activos actualmente sujetos a la Concesión.

 

2.3  Derecho de Usufructo.

 

            La Concedente cede a la Concesionaria el derecho de usufructuar los terrenos, edificaciones, equipos conexos a la gestión aeroportuaria contenida en este Contrato, manteniendo la Concedente la nuda propiedad de los Aeropuertos, incluyendo los terrenos, y edificaciones. Respecto a los bienes muebles afectos actualmente a la gestión aeroportuaria, la Concesionaria los reemplazará por bienes nuevos según sea necesario, quedando a cargo de la Concedente el procedimiento de descargo según la Ley No.33 sobre el Descargo de Vehículos y Equipos de Propiedad del Estado y sus Instituciones Autónomas del año 1970.  La Concesionaria no podrá enajenar, vender, permutar, dar en pago,  hipotecar o dar en garantía a terceros para ningún fin dichos terrenos, muebles, y edificaciones.

 

            2.4 Negocios Complementarios y Derecho a Participar en Licitaciones.

 

            El Estado Dominicano en su condición de propietario de los demás aeropuertos domésticos e internacionales existentes en la República Dominicana, tiene el derecho de administrar los mismos, así como remodelarlos y/o construir nuevos. No obstante, si la Concedente convoca licitaciones públicas a fin de privatizar, concesionar la administración y explotación económica, construcción y/o remodelación de dichos aeropuertos, la Concesionaria podrá participar libremente en las mismas. Si la modalidad elegida por la Concedente para privatizar y/o concesionar la administración, explotación, remodelación, y/o construcción de los aeropuertos; o para subconcesionar cualquiera de los servicios en los demás aeropuertos existentes al momento en la República Dominicana o de nuevos aeropuertos, es la modalidad de “grado a grado”, la Concedente mediante el presente Contrato, le otorga a la Concesionaria un derecho de preferencia para la administración, operación, explotación, comercialización, remodelación, construcción, privatización, concesión o subconcesión de dichos aeropuertos o de la actividad relacionada con la industria aeroportuaria a ser concesionada por el Estado Dominicano, siempre y cuando la experiencia de la Concedente con la Concesionaria sea satisfactoria en cuanto a la ejecución y cumplimiento de los términos de este Contrato.

 

            Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el caso de que cualquier renovación, expansión o desarrollo de otros aeropuertos dentro de la República Dominicana por parte de la Concedente (tales como el aeropuerto Herrera, en Santo Domingo o el aeropuerto de Santiago), o cualquier negocio aeroportuario interfiera con los derechos de la Concesionaria o menoscaben sus ingresos en tal forma que el rendimiento económico de su operación pueda verse afectado negativamente, la Concesionaria tendrá el derecho de invocar lo establecido en el Artículo 11.

 

Artículo 3:  Término del Contrato.

 

3.1  Término Puro y Simple.

 

            El Término del Contrato será de veinte (20) años contados a partir de la Fecha de Inicio del Contrato.

 

            De acuerdo a lo establecido en el Artículo 7, la Concesionaria se compromete, a partir de la Fecha de Inicio del Proyecto a: (i) concluir el conjunto de obras de construcción, equipamiento y mejoramiento de los Aeropuertos, identificados en la primera fase del Proyecto (la “Fase 1") en un plazo máximo de hasta treintiséis  (36) meses, según lo establecido en la propuesta financiera de la Oferta y sujeto a las previsiones del Artículo 4.3.1; y (ii) a partir de la Fecha de Inicio de la Fase 2, (A) a construir todas las obras correspondientes a la primera etapa de la segunda Fase (la “Fase 2") del Aeropuerto de Las Américas y (B) la totalidad de las obras correspondientes a la Fase 2 de los aeropuertos Gregorio Luperón, de Puerto Plata, Arroyo Barril, de Samaná y María Montez, de Barahona, de conformidad con los Planes Maestros previstos al efecto.

 

3.1.1  Extensión. El Término del Contrato, así como los períodos de construcción arriba especificados, serán extendidos por todo el tiempo que dure cualquier suspensión del Contrato, o de los Trabajos de Construcción, según corresponda.  Adicionalmente, y en caso de ser necesario, las Partes acordarán que el Término del Contrato y los mencionados períodos de construcción sean extendidos por el tiempo requerido para cumplir con los posibles cambios en la ejecución de las obras de construcción relacionadas al Proyecto.

 

3.1.2    Renovación. El Término del Contrato podrá renovarse por acuerdo mutuo de las Partes.  Dicha renovación deberá solicitarse con no menos de un año de anticipación a la fecha de vencimiento de la Concesión (u otro plazo fijado de mutuo acuerdo entre las Partes) mediante comunicación por escrito de la Parte interesada a la otra Parte, comunicación que deberá estipular el plazo adicional porque se pretenda la  renovación, así como los demás elementos contractuales relevantes.

 

Artículo 4:  Fechas de Inicio.

 

            4.1  Entrada en Vigor.

 

Salvo las disposiciones de este artículo y de los Artículos 5.5.4, 8.1.3,  13 y 17.4 de este Contrato que entrarán en vigor a partir de la suscripción del mismo, las demás disposiciones sólo serán obligatorias a partir de la Fecha de Inicio del Contrato, momento a partir del cual iniciará además el cómputo del Término del mismo.

 

Sin embargo, a efectos de propiciar en el menor plazo posible la viabilidad financiera del Proyecto, la Concesionaria, inmediatamente después de la suscripción de este Contrato, emprenderá  todas las acciones útiles y necesarias para obtener las fuentes de financiación requeridas para la elaboración del Proyecto. Toda la Deuda durante el Término del Contrato, incluyendo gastos bancarios, será soportada por la Concesionaria, de acuerdo y con sujeción a las disposiciones de este Contrato.

 

4.2  Ratificación por el Congreso Nacional.

 

La Concedente  se obliga a tomar todas las medidas útiles y necesarias para que el Poder Ejecutivo remita este Contrato ante el  Congreso Nacional a los fines de su ratificación y posterior promulgación, con la mayor brevedad posible.

 

            4.3  Fecha de Inicio del Contrato.

 

En este Contrato, “Fecha de Inicio del Contrato”, significa el primer día en el cual las siguientes condiciones hayan sido cumplidas o  la Concesionaria las haya dado por satisfechas:

 

(a)                La aprobación y ratificación de este Contrato por el Congreso Nacional, y la promulgación de la aprobación congresional por parte del Poder Ejecutivo;

 

(b)               La emisión por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil y del Departamento Aeroportuario de las resoluciones e instrucciones necesarias para implementar las disposiciones del presente Contrato, sobre todo en relación  al cobro de las Tarifas Aeroportuarias Especializadas y a la conversión a Dólares como precio de referencia de las Tarifas Aeroportuarias y Comerciales vigentes a la fecha de suscripción del presente Contrato;

 

(c)                La confirmación por parte de la Comisión Aeroportuaria de que la totalidad de los Contratos Anteriores han sido cedidos a la Concesionaria;

 

(d)               La entrega efectiva, en tiempo hábil, a la Concesionaria de todos los terrenos, permisos y autorizaciones útiles y necesarios para cumplir con sus obligaciones en este Contrato y ejercer los derechos otorgados por la Concesión de acuerdo con las obligaciones asumidas por la Concedente, en el presente Contrato;

 

(e)                La Concesionaria haya completado, con la cooperación de la Concedente o la Autoridad Competente correspondiente, la revisión de todos los Contratos Anteriores en los Aeropuertos  y haya concluido la revisión de auditoría legal;

 

(f)                 Notificación por la Concedente a todas las Personas usuarias de los Aeropuertos, de que la Concesionaria a partir de la Fecha de Inicio del Contrato será la beneficiaria de todas las tarifas, cargos, rentas o derechos de cualquier naturaleza por ellas pagaderos,  y los cuales le han sido cedidos por la Concedente de acuerdo con los términos de este Contrato;

 

(g)                Que se hayan completado todos los anexos mencionados en este Contrato; y

 

(h)                Finalización del Período de Transición según las previsiones del Artículo 4.4.

 

4.3.1   Fecha de Inicio del Proyecto.  La “Fecha de Inicio del Proyecto”, significa el primer día en el cual las siguientes condiciones se hayan cumplido o la Concesionaria las haya dado por satisfechas:

 

(a)                Se hayan cumplido todas las condiciones previstas para el comienzo de la Fecha de Inicio del Contrato de conformidad con el Artículo 4.3;

 

(b)               Se hayan acordado y suscrito todos los Documentos del Proyecto;

 

(c)                La Concedente o la Autoridad Competente haya otorgado todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la  construcción de las obras del Proyecto, siempre y cuando la Concesionaria haya cumplido con los requerimientos a estos fines;

 

(d)               Como corresponde a proyectos de esta naturaleza, la Concesionaria haya suscrito los contratos e instrumentos necesarios para el financiamiento a largo plazo de la Fase I del Proyecto y haya recibido los fondos correspondientes, en un plazo que no excederá de tres (3) meses contados a partir de la Fecha de Inicio del Contrato;

 

(e)                En este sentido, a seguidas se transcribe el programa de construcción para la Fase 1, según presentado en la Propuesta Financiera de la Concesionaria:

 


 

CRONOGRAMA DE INVERSION

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COSTOS DE

CONSTRUCCION (“FASE I”)

 

(En US$ millones – Clasificados por Aeropuerto)

Aeropuertos dados en Concesión

1er. Año

2do. Año

3er. Año

Total x Aeropuerto

Aeropuerto Internacional de Las Américas

19,000,000

53,000,000

24,000,000

96,000,000

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

5,000,000

30,000,000

12,000,000

47,000,000

Aeropuerto Internacional Arroyo Barril

 

7,000,000

 

36,000,000

12,000,000

55,000,000

Aeropuerto Internacional María Montez

2,000,000

3,000,000

 

5,000,000

TOTAL POR AÑO

33,000,000

122,000,000

48,000,000

203,000,000

 

No obstante lo dispuesto en el inciso 4.3.1(iv), si cumplido el plazo de tres (3) meses, la Concesionaria no ha obtenido el financiamiento a largo plazo por causas no imputables a la Concedente, la Concesionaria se compromete a realizar  sobre la base de un orden de prioridades  establecido de común acuerdo con la Concedente, parte de los trabajos comprendidos en la Fase 1 del Proyecto, previstos en este Contrato, por un monto que no excederá de Treinta y Tres Millones de Dólares (US$33,000,000.00) hasta tanto esté disponible el financiamiento a largo plazo en los mercados financieros internacionales.  En este supuesto y a efecto de no interrumpir el ritmo de desarrollo de las demás obras de infraestructura comprendidos en la Fase 1, la Concesionaria estará obligada a invertir en dichas obras un monto igual al importe de las Tarifas Aeroportuarias Especializadas, cuyas obras se ejecutarán así mismo sobre la base del preindicado criterio de prioridades, hasta tanto sea obtenido el referido financiamiento.  Queda entendido entre las Partes que en este supuesto los plazos establecidos para la elaboración de las obras de la Fase 1 serían extendidos de mutuo acuerdo entre las Partes.

 

4.3.2.  Fecha de Inicio de la Fase 2. La “Fecha de Inicio de la Fase 2” significa el primer día en el cual las siguientes condiciones se  hayan cumplido o las Partes las hayan dado por satisfechas:

 

(a)                Que las Partes  hayan cumplido en términos generales sus obligaciones bajo este Contrato;

 

(b)               Que la situación  del tráfico aéreo justifique a juicio de las Partes el inicio de la Fase 2; y

 

(c)                En caso de que el tráfico aéreo no lo justifique pero sí los ingresos de la Concesionaria, las Partes se pondrán de acuerdo sobre el curso a seguir durante el tiempo restante de la Concesión para la realización de la Fase 2.

 

En adición, la Concedente mantendrá en todo momento, dentro del período de concesión de veinte (20) años, el derecho de proponer a la Concesionaria cualquier  adelanto y modificación en la ejecución  del programa estimado para la primera etapa de la Fase 2 del Aeropuerto Internacional de Las Américas y para el total de la Fase 2 de los Aeropuertos Internacionales Gregorio Luperón, en Puerto Plata, Arroyo Barril, en Samaná y María Montez, en Barahona, que puedan ser consecuentes  con un incremento sustancial verificado  de las previsiones de tráfico para esos 20 años, según definidas en los Planes Maestros, para lo cual las Partes convendrían de mutuo acuerdo los términos y condiciones sobre los cuales se adelantaría dicho programa.

 

Las condiciones previstas para comienzo de la Fecha de Inicio de la Fase 2 deberán ser aplicadas independientemente a cada Aeropuerto, de modo que no se dará efecto al comienzo de construcción de las obras de la Fase 2 previstas para cada Aeropuerto hasta que se cumplan dichas condiciones.

 

4.4.      Período de Transición.

 

            A partir de la fecha de  suscripción de este Contrato, con motivo de transferir de una manera ordenada la administración, operación, mantenimiento y explotación económica de los Aeropuertos, la Concedente cooperará y consultará con la Concesionaria para que la transición de los mismos haya sido completada antes de la Fecha de Inicio del Contrato. A este fin, a partir de la fecha de  suscripción de este Contrato, la Concedente le dará acceso a la Concesionaria a los Aeropuertos y le proveerá los manuales de procedimiento de los Aeropuertos, los cuales deberán detallar la composición de los equipos, sistemas y procedimientos como también organización y administración, así como los planos, diseños, inventarios, manuales y estudios que estén disponibles en los Aeropuertos. 

 

            La Concesionaria contratará, en tiempo conveniente, la realización de un estudio del medio ambiente por parte de un tercero independiente, en cada uno de los Aeropuertos. El estudio establecerá las responsabilidades de ambas Partes de acuerdo al resultado de dicho estudio.

 

Por su parte, en o antes del día 1 de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), la Concedente deberá entregar a la Concesionaria durante el período de transición, las certificaciones de actualización para el año 2000 emitidas por la OACI y la IATA, respecto de los equipos y sistemas de navegación aéreas y los demás equipos de computación de los Aeropuertos.

 

            Las Partes conjuntamente prepararán un inventario actualizado de los activos existentes en cada Aeropuerto como se establece en el Anexo 4 al día anterior de la Fecha de Inicio del Contrato.  Cualquier cambio en dicho inventario respecto a la información establecida en el Anexo 4 le dará el derecho a la Concesionaria de invocar el Artículo 11 referente al Equilibrio Económico.  Las Partes también acordarán las modificaciones necesarias a la política de gestión en los Aeropuertos y los protocolos a ser enmendados en los tres (3) meses contados a partir de la Fecha de Inicio del Contrato.  La Concedente debe disponer de sus mayores esfuerzos para que el conjunto de los usuarios, servicios, equipos e instalaciones que integran los Aeropuertos se encuentren hábiles y disponibles para todos los fines de la administración, operación, explotación económica, mantenimiento, construcción, remodelación y expansión de los Aeropuertos a más tardar en la Fecha de Inicio del Contrato.

 

            En el Anexo 5 se establece una relación enunciativa, más no limitativa, de la cronología de eventos que serán necesarios acometer dentro del período de transición. Este período de transición tendrá una duración de noventa (90) días contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, o un período mayor si las Partes acordaren extenderlo.

 

 

Artículo 5:     Régimen Tarifario y de Ingresos.    Ingresos Reservados al Estado Dominicano y Cesión de Derechos a la Concesionaria Sobre Ingresos Derivados del Reglamento Tarifario 2658, Tarifas Aeroportuarias Especializadas, Tarifas Aeroportuarias y Tarifas Comerciales.

 

5.1.      Ingresos Reservados por la Concedente.

 

5.1.1.  La Concedente se reserva, los siguientes derechos, tasas, contribuciones, impuestos e ingresos (los “Ingresos Reservados”):

 

(a)                Tarifas y derechos aeronáuticos por cada pasajero transportado en vuelos regulares internacionales.

 

(b)               Tarifas y derechos aeronáuticos por cada pasajero transportado en vuelos charters o no regulares.

 

(c)                Tarifas y derechos aeronáuticos por libra de carga transportada en vuelos regulares y charters. 

 

(d)               Tarifas y derechos por servicios de radioayuda a la navegación aérea y control de tráfico aéreo.

 

(e)                Contribución de salida por pasajero.

 

(f)                 Contribución por uso de tarjeta de turismo. 

 

(g)                Impuesto por la comercialización de servicios de transporte aéreo en territorio dominicano.

 

5.1.2  Con motivo de estimular el incremento del tráfico en los Aeropuertos y mantener en los niveles actuales sus operaciones y tráfico en general, la Concedente reconoce que no deberá aumentar  ni crear desproporcionalmente  los derechos, tasas, contribuciones e impuestos pagaderos en función de los Ingresos Reservados  durante el Término del Contrato.  Sin embargo, si la Concedente aumentara y/o creara dichos derechos, tasas, contribuciones e impuestos y las proyecciones financieras previstas por la Concesionaria resultaren afectadas negativamente y causándole daño, la Concesionaria tendrá el derecho de invocar las disposiciones del Artículo 11 relativo al Equilibrio Económico.

 

5.2       Cesión de Derechos sobre el Reglamento 2658 y Otros Derechos, Tarifas y Cargos.

 

Por medio de este Contrato la Concedente, cede, transfiere y asigna a la Concesionaria, durante la vigencia de la Concesión, todos los derechos establecidos en el Reglamento Tarifario No. 2658 dictado el 5 de agosto de 1981 y modificado el 18 de enero de 1990 y sus subsecuentes modificaciones, ampliaciones y actualizaciones (el “Reglamento”) y todos los demás derechos, tarifas y cargos de cualquier naturaleza derivados de los Aeropuertos y de las Actividades Aeroportuarias, incluyendo aquellos derechos, tarifas y cargos que se consignan en los Artículos 5.3 y siguientes, con excepción de los Ingresos Reservados (la “Cesión de Derechos”).

 

5.3.      Aceptación por la Concesionaria de la Cesión de Derechos.

 

            De conformidad con el Artículo 5.2 de este Contrato, la Concesionaria acepta, recibe y asume todos los derechos cedidos mediante la Cesión de Derechos, o sea, todos los derechos, tarifas, rentas y cargos de cualquier naturaleza, relacionadas con la explotación de los Aeropuertos y de las Actividades Aeroportuarias, y que se describen en los artículos siguientes.

 

5.3.1   Derechos Sobre los Ingresos derivados de las Tarifas Aeroportuarias Especializadas. La Concesionaria recibirá de pleno derecho los ingresos que se deriven de la fijación, aplicación y cobro de las siguientes Tarifas Aeroportuarias Especializadas:

 

(a)                Tarifa por partida especializada equivalente a US$2.50 por pasajero de entrada y US$2.50 por pasajero de salida en vuelos regulares internacionales (en adelante el “Cargo por Infraestructura Aeroportuaria”).

 

(b)               Los derechos por servicio de manejo de equipaje, a razón de US$1.50 por pasajero de entrada y US$1.50 por pasajero de salida (en adelante el “Cargo por Manejo de Equipaje”).

 

(c)                Los derechos por servicio de seguridad auxiliar, a razón de US$1.50 por pasajero de salida (en adelante el “Cargo por Seguridad Auxiliar”).

 

(d)               La tarifa adicional por infraestructura de US$5.00 por pasajeros de entrada y de salida en vuelos internacionales del Aeropuerto Internacional de Arroyo Barril, en Samaná (en adelante el “Cargo por Desarrollo del Aeropuerto de Samaná”), la cual será efectiva a partir de la ampliación de la pista de aterrizaje de dicho aeropuerto a conformidad de la autoridad aeronáutica.

 

Las tarifas y derechos en esta sección 5.3.1. se referirán en este Contrato como las “Tarifas Aeroportuarias Especializadas”, y serán cobradas directamente a los transportistas aéreos o a través, o por intermedio de los transportistas aéreos.

 

5.3.2   Derechos Sobre los Ingresos derivados de las Tarifas Aeroportuarias.  La Concesionaria tendrá el derecho a cobrar todas las tarifas, cuotas, derechos, u otros cargos aeroportuarios vigentes en los Aeropuertos y que les han sido cedidos, incluyendo asimismo los relativos a los siguientes conceptos (“Tarifas Aeroportuarias”): (i) por aterrizaje de aeronaves, (ii) de estacionamiento de aeronaves y (iii) de iluminación de pistas. Podrá asimismo La Concesionaria determinar cualesquiera otras tarifas, cuotas, derechos, contribuciones u otros cargos de cualquier naturaleza relacionados con la explotación de los Aeropuertos y el Derecho de Usufructo, distintos y en adición a las Tasas Aeroportuarias Especializadas y a las Tarifas Comerciales, según previstas y definidas en los Artículos 5.3.1 y 5.3.3 respectivamente. La Concedente notificará, a más tardar treinta (30) días antes de la Fecha de Inicio del Contrato, a todos los usuarios de los Aeropuertos que las Tarifas Aeroportuarias pagaderas por éstos a la Concedente, serán pagaderas directamente a la Concesionaria de acuerdo con los términos del presente Contrato y a partir de la Fecha de  Inicio del Contrato.

 

5.3.3   Derechos Sobre los Ingresos Derivados de las Tarifas Comerciales. La Concesionaria tendrá el derecho de cobrar todas las tarifas, cuotas, derechos, contribuciones u otros cargos aeroportuarios de cualquier naturaleza en los Aeropuertos (con excepción de los Ingresos Reservados), de acuerdo con los términos del presente Contrato, incluyendo, los relativos a los siguientes conceptos (las “Tarifas Comerciales”): (i) de puente de abordaje; (ii) de rampa; (iii) de carga y descarga, incluyendo manejo por terminales de carga, depósitos construidos por la Concesionaria y otras actividades relacionadas con el transporte de mercancías desde y hacia los Aeropuertos; (iv) de utilización de equipos; (v) las cuotas por aprovisionamiento de combustible y lubricantes, directamente o a través de hidrantes u otros medios, sea a aeronaves o a vehículos de motor dentro de los Aeropuertos, incluyendo cargos y porcentajes por ventas de las empresas comercializadoras de combustibles y lubricantes en los Aeropuertos, excepto a las aeronaves exentas de conformidad con la sección 5.3.4 del presente Artículo; (vi) rentas y alquileres de espacios en los Aeropuertos; (vii) tarifas y retribuciones sobre ingresos brutos de comercios, tiendas, negocios y servicios no  aeronáuticos; (viii) tarifas y retribuciones sobre ingresos brutos recibidos de los proveedores de alimentos y bebidas dentro de los Aeropuertos y los ingresos recibidos de los proveedores de alimentos y otros servicios de comestibles a las aerolíneas, ya sean éstos provistos por terceros o directamente por las aerolíneas; (ix) tarifas de instalación y servicios cargadas a los usuarios de servicios de telecomunicaciones y telefónicos; (x) tarifas aplicables a vehículos de transporte público, incluyendo carros, taxis y autobuses; (xi) tarifas adicionales sobre consumo de electricidad y agua cargadas a los usuarios; (xii) tarifas por estacionamiento de vehículos en la zona de los Aeropuertos; (xiii) tasa por concepto de publicidad y propaganda; (xiv) tasa adicional sobre las rentas o alquileres de comercios y servicios por concepto de mantenimiento y limpieza; (xv) tarifas y retribuciones sobre zonas francas comerciales (Duty Free) y zonas francas industriales; (xvi) porcentajes diversos sobre ingresos o ventas brutas de tiendas comerciales, y negocios de cualquier naturaleza, incluyendo los porcentajes sobre ventas recibidos actualmente por la Concedente; (xvii) manejo y seguridad de los equipajes; (xviii) porcentaje actual o cargo por galón a la venta de combustible de aviación cobrado a las líneas aéreas directamente o a través de terceros u otras Personas; (xix) porcentajes actuales y futuros de la prestación de servicios de rampa; (xx) remuneraciones derivadas de la explotación de los servicios complementarios de hoteles, centro de convenciones y turismo; y (xxi) todas las demás tarifas, cuotas, derechos, contribuciones, remuneraciones, oportunidades de negocios u otros cargos aeroportuarios de cualquier naturaleza y prerrogativas derivados de la explotación económica, la administración, la operación y el Derecho de Usufructo de los aeropuertos, que por no ser de la actividad inherente del Estado Dominicano correspondan a la Concesionaria.

 

5.3.4.  Exenciones.  Las aeronaves utilizadas en los Aeropuertos cuyos dueños o usuarios son (i) el Estado Dominicano o las Fuerzas Armadas de la Nación, la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas, o cualquier entidad estatal dominicana, fuera de cualquier transportador comercial, tal como una línea aérea estatal, (ii) las Naciones Unidas, (iii) la Cruz Roja o (iv) los Servicios de Rescate, estarán exentos del pago de Tarifas y cobros por aterrizaje, iluminación y estacionamiento de aeronaves.

 

            5.4  Modificación de Tarifas.

 

5.4.1  Tarifas Aeroportuarias Especializadas. El Cargo por Infraestructura Aeroportuaria  y el Cargo por Desarrollo del Aeropuerto de Samaná, quedan fijados en los niveles descritos en el Artículo 5.3.1 y sólo podrán ser incrementados durante el Término del Contrato, con el acuerdo expreso de las Partes.

 

Para la modificación del Cargo por Manejo de Equipaje y el Cargo por Seguridad Auxiliar, la Concesionaria tendrá los mismos derechos previstos en el Artículo 5.4.5 (Tarifas Comerciales).

 

5.4.2   Tarifas de Aterrizaje, Estacionamiento e Iluminación; Congelamiento Inicial. Las Tarifas Aeroportuarias por concepto de (i) aterrizaje de aeronaves, (ii) estacionamiento de aeronaves, e (iii) iluminación de pistas de aterrizaje en los aeropuertos  Las  Américas,  Gregorio  Luperón  y Arroyo Barril, quedarán fijadas a los niveles vigentes en el día anterior  a la Fecha de Inicio del Contrato según lo descrito en el Anexo 1, por los veinticuatro (24) meses contados a partir de la Fecha de Inicio del Contrato.

 

5.4.3  Aeropuerto Internacional María Montez.  La Concesionaria, a fin de promover el tráfico aéreo en el Aeropuerto María Montez, de Barahona, se compromete a exonerar el pago de los derechos por concepto de (i) aterrizaje de aeronaves; (ii) estacionamiento de aeronaves, e (iii) iluminación de pistas de aterrizaje en dicho Aeropuerto, por un período de cinco (5) años contados a partir de la Fecha de Inicio del Contrato.

 

5.4.4  Tarifas Aeroportuarias. Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.5 y con objeto de obtener el máximo desarrollo y utilidad de los Aeropuertos, la Concesionaria se compromete a elaborar, a su propia costa, un estudio de mercado para determinar las Tarifas Aeroportuarias que deban ser fijadas. A esos fines, la Concesionaria queda facultada para modificar las Tarifas Aeroportuarias según las recomendaciones contenidas en el indicado estudio, el cual deberá ser sometido a la consideración de la Comisión Aeroportuaria. Las modificaciones a las Tarifas Aeroportuarias que resulten de dicho estudio se considerarán de pleno derecho aprobadas por la Comisión Aeroportuaria si en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de su notificación oficial, ésta no las hubiere observado.

 

En caso de diferencias entre la Comisión Aeroportuaria y la Concesionaria respecto de la modificación a las Tarifas Aeroportuarias, éstas se comprometen a someterse al dictamen de un consultor independiente designado de común acuerdo entre las Partes, el cual deberá emitir su opinión en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de las observaciones por parte de la Comisión Aeroportuaria.

 

Independientemente de las modificaciones sugeridas por dicho estudio y salvo que se trate de reducciones tarifarias, las Tarifas Aeroportuarias para los aeropuertos de Las Américas, Gregorio Luperón y Arroyo Barril quedarán congeladas y fijadas a los niveles vigentes al día anterior a la Fecha de Inicio del Contrato, por un período de veinticuatro (24) meses contados a partir de dicha fecha de Inicio del Contrato.

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la exoneración de las Tarifas Aeroportuarias concedidas al Aeropuerto María Montez, por un período de cinco (5) años contados a partir de la Fecha de Inicio del Contrato.

 

5.4.5   Tarifas Comerciales.  Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4, queda entendido entre las Partes que la Concesionaria estará facultada para modificar las Tarifas Comerciales según las condiciones de mercado, y dentro del marco de competitividad efectiva y trato equitativo para todos los usuarios.

 

5.4.6   Moneda de Referencia. La Concesionaria queda facultada para fijar todos los ingresos y tarifas previstos en este Contrato utilizando como moneda de referencia el Dólar, ya sean dichas Tarifas pagaderas directamente en Dólares o en su equivalente en Pesos el día de su pago de conformidad con las disposiciones del Artículo 5.6.

 

5.5       Pago de Tarifas.

 

5.5.1  Creación de Cuentas. La Concesionaria podrá abrir y mantener, sin limitación, (i) cuentas bancarias en la República Dominicana (las “Cuentas Nacionales”) y (ii) cuentas bancarias en el extranjero (las “Cuentas Extranjeras”).

 

5.5.2  Tarifas Aeroportuarias Especializadas y Tarifas Aeroportuarias. Las Tarifas Aeroportuarias Especializadas, y las Tarifas Aeroportuarias serán pagadas según establecido por los términos de este Contrato.

 

5.5.3   Tarifas Comerciales. Asimismo, la Comisión Aeroportuaria se obliga a notificar por escrito a cada usuario de los Aeropuertos que a partir de la Fecha de Inicio del Contrato, las cuotas, cargos, derechos y/o tarifas referidas en el Artículo 5.3.3 relativas a Tarifas Comerciales, pagaderas en función de los usos previstos en dicha sección, deberán pagarse directamente a la Concesionaria.

 

5.5.4   Entrada en Vigencia de la Cesión de las Tarifas. El cobro de las Tarifas Aeroportuarias y Comerciales por parte de la Concesionaria, y el cobro de los Cargos por Manejo de Equipaje y por Seguridad Auxiliar por vuelos regulares, será efectivo de pleno derecho a partir de la Fecha de Inicio del Contrato.  A efectos de lo previsto en el Artículo 4.4 relativo al Período de Transición, el cobro del Cargo por Infraestructura Aeroportuaria y el cobro de los Cargos por Manejo de Equipaje y Seguridad Auxiliar para vuelos no regulares o charters, será efectivo de pleno derecho a partir de la fecha de suscripción del Contrato.

 

El importe recaudado por concepto del cobro del Cargo por Infraestructura Aeroportuaria y de los Cargos por Manejo de Equipaje y Seguridad Auxiliar por vuelos no regulares o charters, deberá ser exclusivamente invertido por la Concesionaria en obras de remodelación y acondicionamiento de los Aeropuertos, de conformidad con el Proyecto, hasta que tenga lugar la Fecha de Inicio del Contrato.

 

Durante el Período de Transición y a efecto de lo previsto en el párrafo anterior, se procederá a la apertura de una cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana, como entidad estatal depositaria de los fondos del Estado, la que se denominará Comisión Aeroportuaria-Cuenta Período de Transición, en la cual se depositarán la totalidad de los ingresos percibidos por la Concesionaria por los cargos señalados en el párrafo anterior.  Los giros o desembolsos contra dicha cuenta serán realizados conjuntamente por el Departamento Aeroportuario, como órgano ejecutor de la Comisión Aeroportuaria y por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, como Presidente Ex-Oficio de la Comisión Aeroportuaria.  A la Fecha de Inicio del Contrato se procederá al cierre de la preindicada cuenta y continuará la Concesionaria siendo la titular exclusiva del cobro, percepción y uso de dichas tarifas, de conformidad con las previsiones del presente Contrato.

 

5.5.5   Convertibilidad y Transferibilidad de Fondos. La Concedente procurará en coordinación con las autoridades monetarias de la República que, con motivo de proveer el eficiente manejo y financiamiento de los Aeropuertos, las medidas de controles de cambio y de transferencia de fondos, existentes o futuras en la República Dominicana que puedan restringir el cambio de Pesos por la Concesionaria a Dólares o a cualquier otra moneda extranjera, y la transferencia de dichos fondos al exterior, no le serán aplicables durante el Término del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, igualmente, la Concesionaria podrá siempre remitir fondos a cuentas bancarias en el extranjero, de conformidad con la Ley 251-64 sobre Transferencia Internacional de Fondos, la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera y el reglamento para su aplicación.

 

5.6  Moneda.

 

            Las Tarifas Aeroportuarias Especializadas se cobran en Dólares; las Tarifas Aeroportuarias y Tarifas Comerciales podrán ser cobradas en Dólares por acuerdos con los usuarios y en los demás casos en su equivalente en Pesos.

 

 

 

 

5.7  Supuesto de Falta de Pago.

 

            En caso de falta de pago o de retraso en el pago de las Tarifas Aeroportuarias y Comerciales, la Concesionaria podrá tomar las medidas oportunas para hacer valer su derecho de cobro frente a las líneas aéreas, arrendatarios, usuarios o Personas correspondientes.  La Concesionaria podrá, para la recaudación de las Tarifas Aeroportuarias y Comerciales, solicitar a la Autoridad Competente su cooperación por ante las líneas aéreas. De igual forma tendrá facultades discrecionales para imponer sobre los balances pendientes de pago, intereses del tipo máximo permitido por la ley, este Contrato, cualquier convenio entre las partes y/o la normativa pertinente.  Además podrá la Concesionaria, para el cobro de sus acreencias, interponer acciones judiciales.

 

 

Artículo 6:      Reconocimiento de Contratos Anteriores.

 

            6.1.      Reconocimiento de Contratos.

 

La Concedente y la Concesionaria reconocen y aceptan que existen en la actualidad, respecto de los Aeropuertos, contratos tanto de arrendamiento como de concesión con otras Personas, los cuales se encuentran detallados e indicados en el Anexo 2, y constituyen los Contratos Anteriores, los cuales serán cedidos de pleno derecho a la Concesionaria a partir de la Fecha de Inicio del Contrato. En tal virtud, la Concesionaria, a partir de la Fecha de Inicio del Contrato, será quien percibirá los pagos realizados a la Concedente o a cualquier Autoridad Competente por los actuales arrendatarios y/o concesionarios de los servicios mencionados, por concepto de los arrendamientos y/o derechos de concesión que les corresponda.

 

La Concesionaria respetará los Contratos Anteriores, asumiendo que éstos han sido válidamente consentidos por la Autoridad Competente con anterioridad a la fecha de entrega de los Términos de Referencia.

 

            6.2.      Aceptación de Obligaciones.

 

En su condición de cesionaria de los Contratos Anteriores, la Concesionaria se verá obligada a responder por las obligaciones asumidas en los Contratos Anteriores por la Concedente o la Autoridad Competente correspondiente, según sea el caso, al tiempo que podrá prevalerse de cualesquiera de los derechos de la Concedente en los Contratos Anteriores.  En ningún caso, la Concesionaria estará obligada al pago de ningún compromiso económico, deuda, prestaciones laborales, o cualquier otro tipo de acreencia de las cuales sean titulares los beneficiarios de Contratos Anteriores respecto de la Concedente, su personal, terceros u otras personas, sino sólo a partir de las obligaciones que se generen con posterioridad a la Fecha de Inicio del Contrato.

 

            En todo caso, respecto de los Contratos Anteriores y los nuevos contratos que se formalicen con posterioridad a la Fecha de Inicio del Contrato, la Concesionaria tendrá siempre el derecho de trasladar, remover o transferir las tiendas, negocios o servicios de cualquier naturaleza dentro de los Aeropuertos, a efectos de cumplir cabalmente con sus obligaciones de buena administración y gestión. La Concesionaria reubicará a las líneas aéreas titulares de los Contratos Anteriores sobre "counters" y mostradores de despacho en los Aeropuertos, en la medida que estén autorizadas por las Autoridades Competentes para prestar servicios de transporte aéreo desde y hacia la República Dominicana.

 

            En caso de que existan contratos vigentes con anterioridad a la Fecha de Inicio del Contrato, pero sobre los cuales la Concesionaria no haya sido oportunamente notificada, la Concedente o la Autoridad Competente correspondiente según sea el caso, mantendrán responsabilidad plena y absoluta sobre los mismos y responderán por las obligaciones establecidas en dichos contratos. La Concedente reconoce además de manera expresa que la Concesionaria no será responsable de incumplimientos acaecidos en los Contratos Anteriores con anterioridad a la Fecha de Inicio del Contrato.

 

            La Concesionaria no reconocerá como buenos y válidos los contratos que no hayan sido otorgados por la Concedente y/o la Autoridad Competente, bajo las formalidades previstas en la Ley 8 del día 17 de noviembre de 1978, ni reconocerá derechos de terceros que no estén contenidos en contratos validamente otorgados por la Concedente y/o la Autoridad Competente.

 

6.3       Cesiones a Terceros.

 

Durante el Término del Contrato, la Concesionaria podrá prestar directamente o contratar con terceros u otras Personas cualesquiera servicios o actividades respecto de los Aeropuertos. Si al vencimiento de los Contratos Anteriores la Concesionaria desea continuar prestando los servicios o actividades de que se trate a través de terceros u otras Personas, lo cual hará en condiciones de competitividad y atendiendo consideraciones de mercado, ésta le proveerá al titular del Contrato Anterior que haya prescrito la oportunidad de ofrecerle a la Concesionaria la posible renovación de su contrato, quedando entonces la Concesionaria en libertad, conforme a sus criterios de administración y gestión, de decidir si acepta o no dicha renovación, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

 

6.4.      Actualización de Contratos Anteriores.

 

A partir de la Fecha de Inicio del Contrato, y sin perjuicio de su obligación de respetar el término de vigencia de los Contratos Anteriores, la Concesionaria podrá actualizar y modificar de, tiempo en tiempo, las condiciones económicas de dichos contratos, teniendo en cuenta consideraciones de mercado.

 

6.5.      Empleados.

 

            La Concesionaria tendrá libertad de contratar los servicios del personal que desee de la actual planta de empleados de la Comisión Aeroportuaria en los Aeropuertos, a partir de la Fecha de Inicio del Contrato, sin asumir ningún tipo de responsabilidad respecto de las prestaciones laborales de los mismos generadas hasta ese momento y/o respecto de cualquier otro pasivo generado con anterioridad a la Fecha de Inicio del Contrato.  La Concedente seguirá siendo responsable por aquellos empleados que permanezcan bajo su dependencia.

 

Artículo 7 Obligaciones de la Concesionaria

 

7.1  Obligaciones.

 

La Concesionaria se compromete y garantiza al Estado Dominicano y a la Comisión Aeroportuaria, a cumplir con lo siguiente:

 

7.1.1    Explotación, Administración, Mantenimiento y Operación de los Aeropuertos.

 

(a)                La Concesionaria será responsable por la explotación, administración, operación y mantenimiento de los Aeropuertos, a satisfacción de la Concedente, y de acuerdo a las normas, procedimientos, prácticas recomendadas y estándares internacionalmente aceptados por la OACI.

 

(b)               La Concesionaria deberá mantener durante toda la vigencia del Contrato un nivel óptimo de calidad en la prestación de los servicios que forman parte de sus obligaciones, sea que los desarrolle directamente, o por intermedio de subconcesionarios o arrendatarios. La evaluación del nivel de calidad se efectuará en la forma, con la periodicidad y con sujeción a los estándares que las Partes estipulen de común acuerdo, incluyendo pero no limitándose a la contratación de algún organismo o persona especializada en medición de calidad de gestión, o el sometimiento de la  Concesionaria a ciertos instrumentos de medición usualmente recurridos tales como, definición, adopción, y medición de estándares operacionales, benchmarking a nivel internacional con aeropuertos de similares características, libro de reclamos y sugerencias, realización de encuestas a pasajeros y operadores,  etc.

 

(c)                La Concesionaria contratará a su propio costo, un consultor independiente en el área de ingeniería de reconocida capacidad internacional  aprobado por la Concedente para realizar un estudio de las calidades de las obras a ser ejecutadas en los Aeropuertos conforme al presente Contrato.

 

(d)               La Concesionaria tomará las precauciones respecto de las prácticas técnicas y operativas prudentes para el cumplimiento de sus obligaciones, y de manera específica estará obligada a:

 

(i)                 Contar con el suficiente personal experimentado y calificado para trabajar y actuar en los Aeropuertos como es debido y de manera eficaz, conforme a las directivas e instrucciones de la Concesionaria, y  en todo tiempo consistente con este Contrato  estando preparados para afrontar situaciones de emergencia.

 

(ii)                Garantizar que miembros del personal debidamente capacitados y experimentados, con ayuda del equipo y herramientas necesarias y siguiendo los procedimientos oportunos, llevaran a cabo reparaciones y actividades de mantenimiento.

 

(iii)               Realizar inspecciones y controles para garantizar que los equipos funcionen como está previsto, conforme a las especificaciones del fabricante del equipo original y/o las prácticas normales del sector.

 

(iv)              Disponer de materiales, recursos y equipos apropiados para satisfacer las necesidades de los Aeropuertos tanto en condiciones normales como en previsión de condiciones extraordinarias.

 

(v)                Adquirir y mantener en perfecto estado de funcionamiento, y en cantidad y variedad suficientes los equipos e instrumentos para apoyar la eficiencia de los servicios de seguridad (“Security”) a cargo del Estado Dominicano, de conformidad con la Oferta; así como mantener en perfecto estado de funcionamiento las luces de pistas, toda vez que la Concesionaria percibirá el ingreso de las tarifas que le corresponden con la prestación de los referidos servicios.

 

(e)                Con respecto a los titulares de espacios rentados y detentadores de derechos a partir de la Fecha de Inicio del Contrato, la Concesionaria tendrá la facultad de (i) perseguir el desalojo de los titulares de los espacios que ocupan o del derecho que detentan cuando por cualquier causa legal se resuelva el contrato en virtud del cual ocupan el espacio y/o detentan el derecho, y (ii) perseguir el desalojo a aquellos ocupantes que posean espacios en los Aeropuertos sin contrato formal o validamente consentidos en vigencia para dicho uso y disfrute. La Concesionaria, no obstante, otorgará a las Personas desalojadas un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación para entregar voluntariamente de los espacios que ocupen, pero vencido dicho plazo iniciará las gestiones necesarias para acometer dicho desalojo o reubicación, pudiendo requerir la ayuda de la Concedente en estas tareas.

 

(f)                 La Concedente permitirá el libre acceso a la Concesionaria a todas aquellas áreas que estén a su cargo y responsabilidad según los términos del presente Contrato. La Concedente asegura a nombre del Estado Dominicano que las Personas bajo su responsabilidad que accesen a las áreas a cargo de la Concesionaria hagan uso de su derecho de acceso con cuidado de no causar trastornos a la promoción, mantenimiento, utilización económica, construcción y Explotación de los Aeropuertos en el ejercicio de la actividad que deban realizar.

 

(g)                La Concedente asume el compromiso de obligar a cualquier persona a observar la legislación, normas y normativas específicas en vigor relativas a la contaminación y el respeto al medio ambiente en los Aeropuertos.

 

(h)                Con vista a la realización de las actividades de explotación, gestión y mantenimiento de los Aeropuertos, así como de los Trabajos de Construcción, la Concesionaria contratará, en la medida de lo posible, personal dominicano, teniendo siempre en cuenta el costo y la capacidad técnica de los mismos,  con apego a las leyes laborales vigentes en la República Dominicana, y de manera específica:

 

(i)                  La Concesionaria llevará a cabo políticas de formación profesional del personal para satisfacer las necesidades de capacitación del mismo y para asegurar el buen funcionamiento de los Aeropuertos, beneficiándose de las posibilidades a su alcance en materia de cooperación técnica y cultural.

 

(ii)                Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Concesionaria podrá celebrar sus propios contratos con el personal y los trabajadores que fueren necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con los procedimientos y principios establecidos en este Contrato, y de la misma manera, podrá fijar libremente los horarios laborales, escalas de remuneración, políticas de promoción y demás cuestiones relacionadas con la contratación, de acuerdo con las leyes laborales vigentes en la República Dominicana.

 

(iii)               La Concesionaria gozará de plena autoridad, control y responsabilidad con respecto a su política general de contratación con vistas al cumplimiento de sus obligaciones y de acuerdo con las leyes laborales vigentes en la República Dominicana.

 

(i)                  Con sujeción a las previsiones de este Contrato, la Concesionaria tendrá derecho a celebrar y pactar todos los convenios y contratos que sean necesarios para asegurar el oportuno y completo cumplimiento de sus obligaciones de administración, operación, mantenimiento, explotación económica, ampliación y mejora de los Aeropuertos y obligaciones financieras, según establecido en este Contrato, sin comprometer la responsabilidad de la Concedente.

 

(j)                 Si el Estado Dominicano y/o la Comisión Aeroportuaria requiriese colocar en los Aeropuertos, a su propia costa, cualquier radar, equipo, edificaciones, o instalaciones para proporcionar servicios de navegación aérea en ruta, la Concesionaria cooperará para que la Concedente lo logre proveyendo el espacio necesario a tal fin. Las Autoridades Competentes realizarán todos los esfuerzos razonables para reducir al mínimo cualquier interrupción en las operaciones de los Aeropuertos que pueda afectar el normal desenvolvimiento de las actividades en los mismos.

 

(k)               En el lapso de seis (6) meses a partir de la Fecha de Inicio del Contrato, la Concesionaria realizará, a su propio costo, un estudio completo del medio ambiente en cada uno de los Aeropuertos efectuado por una firma de consultores independientes que cuente con una buena reputación y experiencia pertinente. En la medida en que el estudio recomiende que se lleven a cabo actividades de limpieza en cualquiera de los Aeropuertos o la remoción de áreas o materias contaminadas, éstas se realizarán por la Concesionaria a costo de la Concedente, cuando el hecho causal ocurriera antes de la Fecha de Inicio del Contrato y a costo de la Concesionaria cuando el hecho causal ocurriera después de la Fecha de Inicio del Contrato.

 

(l)                  La Concesionaria garantiza el éxito de la operación de los Aeropuertos en la experiencia acumulada de sus accionistas, y en el Contrato de Operación consentido a YVR AIRPORT SERVICES LTD. una subsidiaria DE LA AUTORIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VANCOUVER, a la cual la Concedente ha considerado como elemento esencial en la Concesión otorgada a la Concesionaria. En tal virtud, la Concesionaria no terminará el Contrato de Operación, ni sustituirá a YVR AIRPORT SERVICES LTD. como Operadora, sin la previa notificación a la Concedente, y luego de someter una operadora sustituta, de nivel y experiencia similar a la tenida en cuenta para elegir a YVR AIRPORT SERVICES LTD., la cual deberá ser aprobada por la Concedente.

 

7.1.2   Renovación y Construcción. La Concesionaria se compromete a realizar las construcciones y renovaciones de los Aeropuertos de acuerdo al cronograma de construcción que se adjunta como Anexo 8, el cual será preparado congruentemente con el cronograma de inversión establecido el Artículo 4.3.1, y atendiendo los siguientes criterios:

 

(a)        La Concesionaria ejecutará a su costo, conforme a las condiciones establecidas en los Planes Maestros, las obras ahí previstas, sujetas en todos los casos, a modificaciones razonables acordadas entre las Partes en razón de las siguientes causas:

 

(i)                  Cambio a las obras de construcción, incluyendo, modificaciones necesarias para cumplir con la construcción de las obras en casos donde la condición o constitución de los predios existentes, con posterioridad a la Fecha de Inicio del Contrato, no sean adecuados;

 

(ii)                Requisitos  de eliminar contaminación ambiental;

 

(iii)               Cambios al cronograma de ejecución de las obras de construcción;

 

(iv)              Modificaciones a las obras de construcción que puedan ser ocasionadas por razón de cambios en leyes aplicables;

 

(v)                Condiciones en los Aeropuertos que no son previsibles, tales como la condición de los terrenos;

 

(vi)              Situaciones de Fuerza Mayor;

 

(vii)             Descubrimientos arqueológicos;